Un grupo de 36 empleados de la fábrica Camino solicitó ante el juzgado que interviene en el concurso preventivo de la empresa que se evalúe la quiebra de la firma por el incumplimiento reiterado en el pago de salarios, aportes y contribuciones previsionales.
Según estimaciones de los empleados y sus representantes legales, la deuda salarial acumulada rondaría los 500 millones de pesos e incluye también indemnizaciones por despido en algunos casos.
El planteo fue realizado por el abogado laboralista Sergio Díaz, junto a sus socios Vásquez Sastre y Santiago Sastre Medina, quienes patrocinan a los trabajadores. En diálogo esta mañana con el programa Catamarca a Diario de Radio Inforama, Díaz explicó, que la presentación judicial no implica necesariamente una declaración inmediata de quiebra, sino que busca informar a la jueza del proceso que la empresa estaría incumpliendo una de las condiciones centrales del concurso preventivo: no generar deuda post-concursal.
Un conflicto que se arrastra desde 2012
La fábrica Camino se presentó en concurso preventivo en el año 2012. Desde entonces, el juzgado interviene en el control de la empresa a través de un síndico.
Si bien la firma habría alcanzado acuerdos con acreedores dentro del proceso concursal, la generación de deudas post-concursales se repitió en distintas etapas. De acuerdo con el abogado Díaz, en ocasiones anteriores aparecieron inversores o capital externo que permitieron cancelar esos compromisos, algo que no habría ocurrido en el actual contexto económico.
Antes de recurrir a la vía judicial, los trabajadores mantuvieron reuniones con el Ministerio de Producción y con representantes de la empresa para intentar una salida extrajudicial, aunque no se alcanzaron acuerdos. “Es quizás la última vía que le está quedando a los trabajadores para cobrar su deuda salarial”, sostuvo el letrado.
Además de los salarios impagos, la presentación incluye el reclamo por aportes y contribuciones previsionales que la empresa habría dejado de depositar durante varios años.
Según advirtió Díaz, esta situación podría afectar el derecho de los trabajadores a acceder a su jubilación en tiempo y forma. La fiscalización de estos aportes corresponde a AFIP y ARCA.
Dudas sobre la composición societaria
Otro de los puntos planteados ante la jueza es la falta de claridad sobre quiénes integran actualmente la sociedad propietaria de la fábrica Camino.
La defensa de los trabajadores solicitó medidas para que se requiera información a los registros correspondientes y así determinar la composición societaria de la empresa, lo que permitiría convocar a los responsables dentro del proceso judicial.
En ese contexto, Díaz mencionó que circula el nombre de Ariel García Furfaro como posible socio de la firma, aunque aclaró que ese dato todavía debe ser acreditado judicialmente. El empresario se encuentra detenido en una causa por contrabando de fentanilo, lo que —según el abogado— podría complicar aún más el panorama para los acreedores.
También se menciona en el ámbito empresarial una eventual vinculación con grupos como Canale, ALCO o Tres Arroyos, aunque ninguno de estos vínculos fue confirmado hasta el momento.
