Organizaciones ambientales solicitaron a la Honorable Cámara de Diputados la convocatoria a una audiencia pública antes de que avance el tratamiento del proyecto que modifica la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
El pedido fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentinas, que plantearon la necesidad de garantizar un proceso participativo abierto, inclusivo y con alcance federal.
Las organizaciones manifestaron preocupación ante la posibilidad de que la iniciativa avance con un trámite acelerado y que la instancia de participación ciudadana se limite a un cumplimiento formal. Advirtieron que plazos acotados o mecanismos restrictivos podrían afectar el derecho de la ciudadanía a informarse y expresar su posición en decisiones ambientales de alto impacto.
La Ley de Glaciares es una norma de ordenamiento ambiental del territorio destinada a proteger ecosistemas estratégicos que cumplen funciones clave en la provisión de agua dulce y la regulación climática. En ese marco, señalaron que cualquier modificación debe respetar los mecanismos de participación previstos en la legislación argentina y en los compromisos internacionales asumidos por el país.
Entre ellos, citaron el Acuerdo de Escazú, ratificado mediante la Ley 27.566, que establece la obligación de garantizar la participación pública en procesos de toma de decisiones en materia ambiental, con plazos razonables que permitan una intervención efectiva e informada.
Finalmente, advirtieron que avanzar sin una instancia participativa adecuada podría generar cuestionamientos sobre la validez del procedimiento legislativo. Por ello, solicitaron que antes de continuar el debate en Diputados se convoque formalmente a una audiencia pública que asegure la intervención de organizaciones y ciudadanía de todas las provincias.