La declaración indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia se postergó en la causa que lo investiga por presunta apropiación indebida de aportes. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debía presentarse este jueves ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, pero la audiencia pasó al 12 de marzo por un cambio en su representación legal.
Desde ahora, Tapia contará con la defensa del abogado Luis Fernando Charró.
La deuda que investiga la Justicia
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 12 de diciembre pasado, que luego amplió con nuevas pruebas.
El organismo acusa a la AFA de no depositar en término retenciones correspondientes al IVA y al Impuesto a las Ganancias, además de no abonar contribuciones patronales de la seguridad social.
La deuda total que se imputa asciende a $19.353.546.843,85. Los períodos fiscales reclamados van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 y comprenden 69 hechos independientes.
Indagatorias y prohibición de salida del país
ARCA, en su rol de querellante, impulsó la citación de los directivos. El ente sostuvo que la falta de pago durante 19 meses no pudo haber sido una decisión aislada del tesorero y que la conducción de la AFA conocía la situación financiera.
El juez Amarante citó al director general, Gustavo Lorenzo, para el 6 de marzo. El secretario general, Cristian Malaspina, y el exsecretario Víctor Blanco declararán el 9. El tesorero Pablo Toviggino lo hará el 11, tras obtener una postergación.
Con la nueva fecha, Tapia cerrará la ronda de indagatorias el 12 de marzo. Todos los directivos tienen prohibición de salida del país, medida que ya apelaron ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
Paro en el fútbol argentino
El avance judicial generó una fuerte reacción institucional. El Comité Ejecutivo de la AFA dispuso un paro de actividades entre el 5 y el 8 de marzo.
La medida paraliza todas las categorías del fútbol argentino y obligó a reprogramar la novena fecha del Torneo Apertura.
El planteo de la defensa
La AFA presentó el 27 de enero un pedido de sobreseimiento por falta de acción. Argumentó que la deuda no resultaba exigible porque el Ministerio de Economía y ARCA habían suspendido juicios de ejecución fiscal y embargos para entidades sin fines de lucro.
El juez rechazó el planteo el 11 de febrero. Explicó que la suspensión de una ejecución fiscal es una decisión administrativa y no elimina la obligación penal de depositar fondos retenidos a terceros dentro de los 30 días.
El fiscal Claudio Navas Rial y la querella respaldaron esa interpretación. Sostuvieron que la normativa administrativa no modificó los vencimientos impositivos.
En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón, vocero judicial de la AFA, cuestionó públicamente la decisión del magistrado y puso en duda su imparcialidad. Señaló que la Cámara aún no resolvió la apelación de fondo y afirmó que avanzar con las indagatorias implica anticipar una conclusión.
Mientras la Cámara analiza los recursos presentados, la causa continúa su curso y mantiene en el centro de la escena al titular de la AFA y a la conducción del fútbol argentino.
