La querella que representa a víctimas del régimen venezolano pidió que el gendarme Nahuel Gallo declare como testigo en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El planteo se presentó ante el juez federal Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, donde tramita el expediente. La causa también la instruye el fiscal Carlos Stornelli.
El pedido lo formularon la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER) y el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), representados por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador Waldo Wolff.
La situación de Gallo
Nahuel Gallo estuvo detenido durante 448 días en Venezuela, en los centros de detención El Rodeo 1 y el Helicoide. Regresó a la Argentina en la madrugada del lunes.
Según la querella, la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró su detención como “un crimen de lesa humanidad”. El escrito sostiene que su testimonio resulta relevante para la investigación que se sigue en los tribunales de Comodoro Py.
Durante su detención, el régimen venezolano lo acusó públicamente de espionaje y de planear un atentado contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También vinculó al Gobierno argentino con supuestos planes desestabilizadores.
Extradición y acusaciones
A comienzos de febrero, el juez Ramos solicitó la extradición de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, para que sea indagado en la Argentina. En la causa también figuran como imputados Diosdado Cabello y otros dirigentes y funcionarios del régimen venezolano.
Sobre los acusados pesan pedidos de captura internacional tramitados a través de Interpol.
La causa bajo Jurisdicción Universal
El expediente se sustenta en el principio de Jurisdicción Universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional. Este mecanismo permite que tribunales argentinos juzguen delitos de lesa humanidad aunque se hayan cometido fuera del país.
La Cámara Federal porteña avaló la continuidad de la investigación. Los jueces consideraron que los hechos denunciados presentan “características de extrema gravedad” y podrían afectar derechos humanos fundamentales.
La causa busca determinar responsabilidades por presuntos ataques sistemáticos contra la población venezolana desde 2014, tras la asunción de Nicolás Maduro en el poder.
Ahora, el juzgado deberá resolver si hace lugar al pedido para que Nahuel Gallo declare como testigo en el proceso.
