El juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, confirmó la detención de Manuel Antonio Soto, quien está imputado por el delito de violación de domicilio, luego de una audiencia solicitada por el fiscal de Instrucción N°9, Jonathan Felsztyna.
La acusación sostiene que el pasado 22 de febrero, minutos antes de las 4 de la madrugada, Soto habría ingresado sin autorización a una vivienda ubicada en Pasaje Capataz Villafañez al 900, en la Capital. Según la investigación, el acusado saltó la tapia frontal —de aproximadamente un metro de altura— y entró al patio delantero del inmueble, propiedad de César Omar Montoya, sin el consentimiento del dueño.
Los antecedentes, clave en la decisión
Durante la audiencia, el fiscal pidió que el imputado continúe detenido y fundamentó su postura en la multiplicidad de antecedentes penales que arrastra desde el año 2006. Según se expuso, Soto cuenta con varias condenas cumplidas por distintos delitos, la última en 2024.
Para la Fiscalía, este historial demuestra que las sanciones anteriores no lograron modificar su conducta, ni siquiera cuando fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión. Además, el fiscal señaló que todavía restan medidas de prueba por realizar y que su liberación podría entorpecer la investigación.
Por su parte, la defensa, representada por la defensora Oficial N°2, Florencia González Pintos, se opuso a la continuidad de la detención. En caso de que no se concediera la libertad, solicitó que se garantice que su asistido pueda continuar el tratamiento ambulatorio por consumo de estupefacientes que realiza en el Ex Humaraya. También adelantó que impulsará nuevas medidas de prueba.
El argumento del juez
Al momento de resolver, el juez Sago consideró que los antecedentes penales acumulados durante casi veinte años son un elemento relevante para evaluar el riesgo procesal. Indicó que el imputado ya cumplió condenas y recibió beneficios judiciales en otras oportunidades, sin que eso implicara un cambio en su conducta.
Además, el magistrado tuvo en cuenta que, en caso de ser condenado nuevamente, y por su condición de reincidente, la pena podría ser de cumplimiento efectivo.
Por estos motivos, concluyó que la detención está ajustada a derecho y respaldada por las pruebas reunidas hasta el momento. No obstante, ordenó que se verifique la historia clínica del imputado para constatar el tratamiento que realiza y que continúen las medidas de prueba pendientes.
