Este jueves, el Senado de la Nación tratará el proyecto PE-161/25 que modifica la Ley 26.639, que establece el "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial". Para la ingeniera en Paisajes Claudia Marcela Romero, no se trata de un cambio técnico más, es “una decisión con consecuencias irreversibles” sobre un sistema hídrico frágil, del que dependen comunidades de Catamarca y millones de personas aguas abajo.
En un documento titulado “Todo tiene que ver con todo”, la especialista advierte que la reforma podría dejar sin protección áreas periglaciales clave en un contexto donde aún no existen inventarios completos de acuíferos ni estudios definitivos sobre el aporte hídrico real de cada geoforma inventariada.
“Modificar la ley que protege ese sistema entregándole la potestad de identificación a quien tiene conflicto de interés para ejercerla, sobre un inventario científico incompleto y sin inventario de acuíferos, no es una adecuación normativa. Es una decisión con consecuencias irreversibles”, sostiene.
¿Por qué habla de consecuencias irreversibles?
Romero parte de un enfoque de ecología del paisaje. Cita a la bióloga María Cristina Morláns para explicar que el paisaje “no es la suma de las partes. Es la relación entre ellas”. Es decir, glaciares, periglacial, acuíferos, ríos, vegas y comunidades forman un sistema interdependiente.
“Un sistema no funciona por partes. Intervenir una afecta al todo”, resume.
En regiones áridas como la Puna catamarqueña, donde llueven entre 50 y 200 milímetros al año, los glaciares y el ambiente periglacial funcionan como reguladores naturales del agua. En años de sequía, los glaciares de escombros pueden aportar entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en los Andes áridos.
Qué dice la ciencia sobre los glaciares en Catamarca
El IANIGLA-CONICET completó el Inventario Nacional de Glaciares en 2018 y publicó en 2024 la actualización para los Andes Desérticos. Se identificaron y ubicaron los cuerpos de hielo, pero, según Romero, todavía no se determinó la contribución hídrica efectiva de cada uno.
“Se sabe dónde están y cuántos son. No se sabe cuánta agua aporta cada geoforma ni cómo funciona cada sistema”, señala.
El problema, advierte, es que la reforma delega en las provincias la identificación de qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen función hídrica. Y, según el nuevo esquema, solo aquellos previamente identificados quedarían protegidos. “Sin identificación previa, no hay protección”, sintetiza.
El informe recuerda que las cuencas que nacen en la cordillera catamarqueña no se agotan en el territorio provincial. El sistema se integra a redes mayores como la cuenca Salí-Dulce, que atraviesa cinco provincias y abastece a cerca de 2,5 millones de personas.
“Cuando se debate la protección de los glaciares catamarqueños, se está debatiendo el agua de millones de personas que viven aguas abajo”, advierte la ingeniera.
Acuíferos fósiles: lo que se extrae no vuelve
Otro punto crítico es la falta de inventarios de acuíferos en el altiplano. Estudios recientes identifican aguas subterráneas con antigüedades de entre 6.000 y más de un millón de años.
“Los acuíferos confinados más antiguos no tienen conexión con la superficie y no reciben recarga. Son recursos no renovables a escala humana. Lo que se extrae no vuelve”, subraya.
En cuencas cerradas de la Puna, donde la evaporación supera ampliamente a las lluvias, la pérdida de agua es definitiva.
Romero también menciona el riesgo de contaminación cruzada entre acuíferos en salares con explotación de litio. Al extraer salmuera se genera un desequilibrio de presión que puede inducir el ingreso de agua dulce al acuífero salino, salinizándola. “Se pierden los dos”, explica.
Qué cambia con el proyecto PE-161/25
La actual Ley 26.639 establece protección automática. Si existe un glaciar o ambiente periglacial, rigen prohibiciones como la actividad minera.
El proyecto que debatirá el Senado introduce tres cambios centrales:
- Las prohibiciones se aplicarían solo a glaciares y ambientes periglaciales identificados previamente como portadores de función hídrica.
- La autoridad provincial tendría potestad exclusiva para esa identificación.
- Se habilitaría la posibilidad de retirar cuerpos del Inventario si se determina que no cumplen función hídrica.
Para Romero, en un contexto de información científica incompleta, esa inversión de la carga de la prueba puede dejar sin resguardo sectores que aún no fueron estudiados en profundidad.
Ramsar, biodiversidad y comunidades
La especialista también recuerda que parte del territorio involucrado integra el Sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, designado en 2009 y reconocido internacionalmente por su valor ecológico.
Allí habitan especies como la parina chica, la parina grande, el gato andino y la rana endémica Telmatobius hauthali. Las vegas altoandinas constituyen la base de la ganadería trashumante y de las economías locales en departamentos como Antofagasta de la Sierra.
“El territorio que esta reforma pone en riesgo no es un espacio vacío. Es un sistema vivo, funcionando, habitado”, afirma.
El debate en el Senado
La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares se da en un contexto de fuerte expansión de proyectos mineros en la región andina y de creciente tensión entre desarrollo económico y protección ambiental.
Para Romero, el eje no es ideológico sino sistémico. Si el sistema hídrico se fragmenta en un territorio árido, el daño no es parcial. “La tierra nunca olvida. Y alguien tendrá que pagar las consecuencias”, concluye.