Con base en la denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Instrucción, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) alertó sobre una presunta maniobra de estafa vinculada a la adjudicación de viviendas sociales, en la que una persona habría solicitado dinero a terceros a cambio de supuestos beneficios habitacionales.
La denuncia fue formulada por Mauricio Alejandro Varela, director de Adjudicaciones y Control de Viviendas del IPV, quien puso en conocimiento de la Justicia una serie de hechos que indicarían que Juan Martín Acuña habría requerido sumas de dinero a particulares, invocando gestiones falsas para facilitar la entrega de viviendas construidas por el organismo provincial
De acuerdo al escrito judicial, la maniobra consistiría en pedir dinero a cambio de la supuesta inclusión en listados de beneficiarios, utilizando audios y mensajes en los que se prometía la entrega de una vivienda a cambio de pagos que rondarían entre los 450 mil y un millón de pesos. En uno de los audios aportados como prueba, se escucha ofrecer una reducción del monto a cambio de una respuesta inmediata, lo que reforzaría el ardid denunciado.
La presentación también señala la creación de un perfil falso que simulaba pertenecer a una autoridad del organismo, con el cual se habría engañado a las víctimas mediante el envío de listados fraguados de supuestos adjudicatarios. Según se aclara en la denuncia, este accionar es totalmente ajeno al procedimiento oficial del IPV y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El organismo estatal remarcó que ningún trámite previo a la adjudicación de una vivienda implica el pago de dinero, y que el único monto que abonan los beneficiarios es el recupero de la inversión, mediante cuotas mensuales que comienzan una vez tomada posesión de la vivienda, conforme a los mecanismos legales vigente.