UNICEF emitió un pronunciamiento enfático, instando a Argentina a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y a abstenerse de cualquier intento de reducirla. Según el organismo, la discusión no debe centrarse solo en la edad, sino en garantizar un sistema judicial integral que respete el debido proceso y facilite el acceso efectivo a la justicia para adolescentes.
El enfoque propuesto por UNICEF prioriza sanciones graduales, prevención del delito y reducción de la reincidencia, incorporando una perspectiva de justicia restaurativa. La propuesta busca reparar el daño social causado, entendiendo que los adolescentes son sujetos en desarrollo, y se fundamenta en evidencia científica que respalde políticas de seguridad eficaces a largo plazo.
El organismo recordó además la importancia del desarrollo cognitivo de los menores. Citando al Comité de los Derechos del Niño, UNICEF subrayó que entre los 12 y 13 años la madurez cognitiva aún está en formación, dificultando la comprensión plena de las consecuencias de sus actos y de los procedimientos judiciales. Por ello, recomendó no bajar la edad penal y avanzar en leyes de justicia juvenil compatibles con estándares internacionales.
UNICEF también advirtió que la respuesta penal aislada no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil, como el abandono escolar, la violencia familiar, el consumo problemático de sustancias y la captación por grupos criminales. Estudios en Argentina, Chile y Estados Unidos muestran que la privación de libertad aumenta la reincidencia y dificulta la reinserción social, educativa y laboral de los adolescentes, reforzando la necesidad de alternativas al encierro.