El Senado de la Nación iniciará el próximo martes 11 de febrero la conformación de las comisiones que tratarán dos proyectos centrales impulsados por el Gobierno nacional: la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad.
Ambas iniciativas serán abordadas durante el período de sesiones extraordinarias y marcarán el inicio del debate legislativo de este año para la gestión del presidente Javier Milei, luego de que el tratamiento de la reforma laboral fuera postergado en 2025.
Desde La Libertad Avanza (LLA) señalaron que se buscará avanzar en consensos con los bloques considerados “dialoguistas”, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, en un escenario de negociaciones que incluye conversaciones previas con gobernadores y referentes parlamentarios.
El proyecto de Modernización Laboral plantea una revisión integral del régimen vigente. Entre sus principales puntos se encuentran la modificación del sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos, la reducción de contribuciones patronales para incentivar el empleo formal y la incorporación de la figura del Colaborador Independiente, bajo un esquema sin relación de dependencia tradicional. Además, se propone un Banco de Horas para flexibilizar la jornada laboral y compensar horas trabajadas sin el pago automático de extras.
Rechazo sindical y anuncio de protestas
En contraposición, los gremios expresaron su rechazo a la iniciativa al considerar que afecta derechos laborales adquiridos y no garantiza la generación de empleo. En ese marco, anunciaron movilizaciones frente al Congreso coincidiendo con el inicio del tratamiento legislativo.
La baja de imputabilidad, otro eje de discusión
Por otro lado, la Ley Penal Juvenil impulsa la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establece un régimen especial para menores, con énfasis en medidas socioeducativas y penas alternativas. El proyecto elimina la posibilidad de reclusión perpetua y fija un tope de 20 años de condena.
La iniciativa contempla que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de adultos, aunque sin ser alojados en cárceles comunes. Para delitos menores o sin violencia grave, se priorizarían medidas como libertad asistida y tareas comunitarias. Desde el oficialismo sostienen que la propuesta busca poner fin a la denominada “puerta giratoria” y modificar el marco legal vigente.
