Tal como había ocurrido durante su detención el miércoles, el traslado de Elpidio Guaraz volvió a realizarse bajo un operativo policial de gran magnitud. El exintendente de Bañado de Ovanta fue llevado en horas de la mañana en un móvil del Servicio Penitenciario hasta la sede de Fiscalía, donde debía declarar ante el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla.
La custodia desplegada incluyó presencia de personal de distintas unidades y un esquema que mantuvo al detenido fuera del alcance de la prensa que aguardaba en el lugar. Guaraz permaneció cerca de dos horas ante el investigador, en una audiencia de la que participaron las partes vinculadas a la causa que investiga el crimen del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.
Días antes, el exintendente había realizado publicaciones en redes sociales en las que vinculó a funcionarios provinciales con la investigación del caso. Estos posteos se produjeron cuando ya pesaba sobre él una orden de detención para comenzar a cumplir una condena por abuso sexual contra una menor.
El abogado querellante Iván Sarquís, representante de los hijos del exministro, señaló tras la audiencia que no surgieron elementos nuevos y que la declaración se limitó al relato del propio Guaraz.
Al finalizar la diligencia judicial, el operativo incluyó un esquema de salida alternativo al que esperaba la guardia periodística, lo que impidió el registro de imágenes del traslado. Una dinámica similar se había observado el día anterior en Bañado de Ovanta, donde efectivos policiales llevaron a un medio de prensa a unos 300 metros de distancia del lugar del procedimiento.
El alcance del despliegue y los criterios aplicados para restringir la cobertura periodística generaron interrogantes en torno al protocolo de seguridad utilizado en este caso.