La Justicia de Catamarca ordenó este miércoles el traslado de Ramón Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta, al Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores (departamento Capayán), donde comenzó a cumplir la condena de prisión efectiva que le fue impuesta por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.
El procedimiento se realizó cerca de las 18 horas bajo directivas de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, con efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia, y tras cumplimentar los trámites administrativos de rigor, Guaraz quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.
Condena firme y cumplimiento de pena
La decisión de detener y trasladar al exfuncionario se dio luego de que la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca rechazara por unanimidad el recurso extraordinario federal presentado por la defensa, dejando firme la sentencia de 9 años de prisión dictada en su contra.
Guaraz había sido condenado en septiembre de 2024 por la Cámara del Crimen de Primera Nominación por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y abuso sexual con acceso carnal, en un caso de extrema gravedad institucional que se ventiló ante un tribunal colegiado.
La resolución judicial dio por cerrada la vía de revisión ordinaria en el ámbito provincial y habilitó el cumplimiento efectivo de la pena, con lo cual el exintendente debió ser alojado en el sistema penitenciario a la espera de posteriores trámites vinculados a la ejecución de la condena.
Contexto del caso y repercusiones
Guaraz, de 64 años, fue titular del Ejecutivo Municipal de Bañado de Ovanta durante más de una década y su causa generó fuerte atención pública en la provincia. Antes de ser detenido, el exjefe comunal realizó una serie de publicaciones en sus redes sociales en las que cuestionó la justicia y alegó persecución política por parte de autoridades provinciales. Según señaló en posteos antes de ser arrestado, estaría pagando el precio de no haber permitido que roben (sic) durante su gestión como intendente y también que quieren callar lo que él sabría del crimen del ministro Juan Carlos Rojas. En estas expresiones vinculó al gobernador Raúl Jalil, al vicegobernador Rubén Dusso y a Lucía Corpacci.
Esas declaraciones motivaron, además, actuaciones del fiscal Hugo Costilla para citarlo a prestar declaración testimonial.
Por su parte, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, emitió un comunicado rechazando las afirmaciones de Guaraz y defendiendo la independencia del Poder Judicial y el respeto al debido proceso, enfatizando que la condena fue tramitada conforme a la ley y con intervención de todas las instancias correspondientes, incluida la Corte provincial.