El Gobierno nacional ordenó la cesantía de once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos dirigentes gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025. El episodio se dio en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.
La decisión se tomó luego de finalizar los sumarios administrativos iniciados por el hospital y fue comunicada oficialmente por la institución.
Cómo se inició el conflicto
Según fuentes oficiales, el conflicto comenzó cuando las autoridades informaron que no se pagarían los días no trabajados por paros. Ese mismo día, delegados sindicales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica e interrumpieron su funcionamiento.
La administración del hospital sostuvo que la ocupación afectó áreas clave de conducción y alteró tareas administrativas esenciales.
Qué determinó la investigación
De acuerdo con la reconstrucción administrativa, la toma implicó la ocupación de un sector estratégico, la interrupción de actividades, la permanencia forzada del personal presente y agresiones verbales. También se registró la negativa a acatar las órdenes del personal de seguridad.
Por estos hechos, el hospital abrió 44 sumarios administrativos. La investigación incluyó testimonios, registros internos y material audiovisual.
Sanciones diferenciadas
El Consejo de Administración del Garrahan resolvió aplicar sanciones según el grado de participación. En la mayoría de los casos se impusieron medidas disciplinarias menores.
Sin embargo, en once situaciones se dispuso la cesantía. Las autoridades consideraron probado que esas personas organizaron y condujeron la toma.
Entre los sancionados figuran diez delegados gremiales de ATE y APyT y una trabajadora sin representación sindical. Los nombres fueron informados oficialmente por el hospital.
Tutela gremial y situación judicial
Según la información oficial, diez de los once cesanteados cuentan con tutela gremial. Esa protección impide la ejecución inmediata de la sanción sin autorización judicial. Por ese motivo, las desvinculaciones quedarán sujetas a una resolución de la Justicia laboral.
En cambio, la única trabajadora sin tutela sindical podrá ser desvinculada de forma inmediata una vez concluido el proceso administrativo.
La postura del hospital
En un comunicado, el Hospital Garrahan afirmó que la toma “no fue un hecho aislado”, sino una acción que afectó el funcionamiento institucional y generó riesgos en un centro de alta complejidad.
“Luego de meses de investigación se concluyó que once personas diseñaron y ejecutaron la toma, en lugar de recurrir a los canales legales”, señalaron las autoridades. También remarcaron que no permitirán que se afecte la atención de los pacientes.
Reacción gremial y conflicto abierto
Desde los sindicatos involucrados adelantaron que impugnarán las cesantías en la Justicia. Además, defendieron la ocupación como una respuesta a los descuentos salariales y a la falta de respuestas a los reclamos laborales.
El conflicto sigue abierto y ahora quedará en manos de la Justicia laboral, que deberá definir si habilita el levantamiento de la tutela gremial. Mientras tanto, el hospital aseguró que mantiene su funcionamiento normal y que la atención a los pacientes no se vio afectada.