Los sindicatos estatales agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron un paro general para el 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que tratará ese día el Senado de la Nación.
La medida surgió tras una reunión del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que también analiza impulsar acciones de protesta en distintos puntos del país.
Críticas a la reforma y al rol de los gobernadores
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el paro “resulta necesario para el movimiento obrero” y afirmó que la protesta no puede limitarse a una sola jornada.
En ese sentido, propuso avanzar con un cronograma de movilizaciones en provincias gobernadas por mandatarios que respalden la iniciativa oficial. Según indicó, los gobernadores cumplen un rol clave para que el proyecto avance en el Congreso.
Aguiar también cuestionó las gestiones políticas del Gobierno nacional y afirmó que el respaldo provincial resulta determinante para la aprobación de la reforma.
Advertencias sobre los derechos laborales
Desde ATE denunciaron que la reforma busca reducir derechos laborales y debilitar las protecciones vigentes. Además, advirtieron que el proyecto amplía el poder de los empleadores y genera un retroceso en materia de legislación laboral.
El gremio rechazó la postura oficial que sostiene que la reforma no afecta al sector público. Señaló que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto pretende modificar.
Organismos alcanzados por la reforma
Entre los organismos mencionados se encuentran PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, AFIP, Aduana, Belgrano Cargas, Intercargo, ACUMAR, el Hospital Garrahan y Yacimiento Carboníferos Río Turbio, entre otros.
De la reunión participaron gremios de los sectores judicial, salud, energía, telecomunicaciones, docente, universitario, bancario y portuario, además de jubilados, abogados laboralistas y referentes académicos.