El Juzgado Federal de Campana le dio un plazo de dos semanas al Gobierno nacional para que implemente de manera plena la Ley de Emergencia en Discapacidad. La resolución fija como fecha límite el 4 de febrero.
La causa tramita como un proceso colectivo iniciado por padres de niños con discapacidad. Con el tiempo, el expediente tomó alcance nacional. Este martes, el juez Adrián González Charvay ordenó que el Poder Ejecutivo tenga listos todos los procesos administrativos necesarios para cumplir la ley.
El magistrado dispuso que la norma debe aplicarse incluso si la Cámara Federal de San Martín aún no resolvió la apelación presentada por el Estado.
A comienzos de enero, la Procuración del Tesoro informó que había iniciado gestiones para poner en marcha la Ley N.º 27.793. Desde el Gobierno señalaron que la implementación no es inmediata y requiere ajustes en la estructura estatal.
El juez explicó que el plazo surge de la propia ley. La norma establece 30 días hábiles para su reglamentación. El cómputo se tomó desde el 18 de diciembre de 2025, fecha en la que se concedió la apelación, aunque con la obligación de cumplir el fallo.
Además, González Charvay otorgó cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para que informen el avance de los trámites. También pidió que detallen la información requerida por los demandantes y otros actores del expediente.
El origen del conflicto
El conflicto se originó tras la sanción de la ley en julio de 2025. El presidente vetó la norma, pero el Congreso rechazó el veto. Luego, el Ejecutivo promulgó la ley, aunque suspendió su aplicación mediante el Decreto 681/2025.
El Gobierno argumentó que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento. Esa decisión derivó en una demanda colectiva impulsada por familias, organizaciones civiles y prestadores de servicios.
La sentencia judicial declaró inválida la suspensión. El juez consideró que el Ejecutivo invadió atribuciones del Congreso y vulneró el principio de supremacía constitucional. También calificó como falaz el argumento económico del Gobierno.
La apelación del Estado
El jefe de los abogados del Estado, Santiago Castro Videla, apeló el fallo ante la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. El recurso busca revertir la orden de implementación inmediata dictada en diciembre.
Durante el proceso, la Justicia analizó la situación económica del sector. Los datos mostraron un fuerte desfasaje entre inflación y aranceles. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, los precios subieron más del 114%, mientras que los valores de los servicios aumentaron solo 42,6%.
Esa brecha provocó una pérdida de poder adquisitivo superior al 51%. La situación derivó en cierres de instituciones y la interrupción de tratamientos.
La Ley de Emergencia en Discapacidad apunta a reforzar el financiamiento del sistema de prestaciones básicas, que incluye pensiones y pagos a prestadores.
Fuente: Infobae