El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus atribuciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Tras la polémica generada por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno nacional avanzó con la eliminación de la ANDIS y la absorción de sus funciones por parte del Ministerio de Salud. La decisión, según se informó, se venía analizando a partir de la detección de irregularidades administrativas dentro del organismo.
Desde la sala de conferencias, Adorni anunció que “la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, y aclaró que no se eliminarán prestaciones vinculadas a políticas de discapacidad.
El funcionario recordó que la ANDIS fue creada en 2017 como un organismo descentralizado con el objetivo de coordinar políticas públicas en la materia, pero sostuvo que con el paso de los años “acumuló capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
En ese sentido, detalló la detección de situaciones irregulares, entre ellas pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, avales médicos sin respaldo clínico y facturación de servicios no prestados por parte de organizaciones. Como ejemplo, mencionó el caso de la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar, aunque en el lugar solo se encontró una vivienda precaria sin servicios básicos.
Adorni afirmó que, al integrarse al Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se administrarán con mecanismos de control, auditorías permanentes y criterios sanitarios en la toma de decisiones. Además, anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica.
Por último, el jefe de Gabinete remarcó que la medida “no implica que se vayan a cortar pensiones ni absolutamente ninguna prestación”, y pidió evitar interpretaciones alejadas del alcance real de la decisión oficial.
