La Justicia federal autorizó a Cristina Kirchner a permanecer hasta dos horas diarias en la terraza del edificio ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.
La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que ejecuta la pena. El fallo se dictó luego del segundo informe trimestral de control sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas cuando se le concedió el arresto domiciliario, en junio pasado.
Qué autorizó el Tribunal y qué se mantiene
El juez Jorge Gorini resolvió mantener el régimen de detención en el departamento. Sin embargo, habilitó el acceso a la terraza del inmueble por un máximo de dos horas por día. El Tribunal equiparó ese permiso a la salida al patio prevista para internos alojados en cárceles.
Además, la ex presidenta ya podía salir sin restricciones al balcón de su departamento. Ahora, se suma la posibilidad de utilizar la terraza, siempre dentro del límite diario fijado.
Al mismo tiempo, el Tribunal ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales a cargo del organismo correspondiente.
Cambios en el régimen de visitas
Por otra parte, el TOF 2 introdujo nuevas modificaciones en el régimen de visitas. En ese sentido, redujo el listado de personas con ingreso irrestricto que había presentado la defensa.
Desde ahora, algunos abogados, médicos, contadores y familiares deberán justificar el motivo de cada visita. Deberán detallar la necesidad del encuentro, así como la fecha y el horario previstos.
Además, el Tribunal fijó límites más estrictos. Las reuniones no podrán durar más de dos horas, solo se autorizarán dos veces por semana y no podrán participar más de tres personas de manera simultánea.
La audiencia clave en Casación
Estos cambios se resolvieron en la antesala de una audiencia clave convocada para el lunes 22 por la Cámara Federal de Casación Penal. Allí se analizará una apelación presentada por la defensa contra las restricciones impuestas el 19 de noviembre.
Ese endurecimiento se produjo luego de la visita simultánea de nueve economistas al departamento. La propia ex mandataria difundió una imagen del encuentro en la red social X.
Para el juez Gorini, esa reunión evidenció “falta de prudencia” y desconocimiento del carácter punitivo de la prisión domiciliaria. Según sostuvo, el episodio desvirtuó los fines de esa modalidad de cumplimiento de la pena.
El planteo de la defensa
Frente a este escenario, los defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron las nuevas restricciones. Argumentaron que carecen de “sustento lógico y jurídico”.
Según el recurso, antes del 19 de noviembre no existía una norma que limitara la cantidad de visitantes. Por lo tanto, sostuvieron que no pudo haber incumplimiento alguno.
Además, remarcaron que las personas que asistieron a la reunión del 17 de noviembre estaban incluidas en una nómina previamente autorizada. También señalaron que el Tribunal había permitido encuentros grupales similares en otras ocasiones.
En la apelación, la defensa afirmó que el endurecimiento de las condiciones genera “un gravamen de naturaleza irreparable”. Incluso, dejó planteada la posibilidad de acudir a organismos internacionales de derechos humanos.
Tras la audiencia, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quedarán en condiciones de resolver si avalan o no las nuevas reglas de visitas para la ex presidenta, condenada por administración fraudulenta en la causa que investigó la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.