La Red de Infancias Robadas Foro Catamarca difundió un comunicado cuestionando el caso de pedofilia que involucra a personas de perfil político. El texto, elaborado tras casi veinte días de las denuncias plantea una fuerte advertencia sobre las responsabilidades legales, morales y éticas frente a delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Según se señala, el silencio frente a este tipo de situaciones “nos coloca como sociedad en igualdad de condiciones de quien se aprovecha de la vulnerabilidad de las infancias”, y remarca que la omisión de denunciar, cuando se tiene conocimiento de los hechos, constituye una falta grave conforme a las leyes vigentes.
El delito y el deber de denunciar
En el texto se afirma que “la pedofilia, el abuso sexual, es un delito de orden público porque afecta al Bien Común”, y se cuestiona la idea de que solo las víctimas tengan la potestad de denunciar cuando se trata de personas menores de edad. En ese sentido, el comunicado sostiene que todo adulto que conozca hechos de esta naturaleza debe dar aviso a las autoridades, y advierte que no hacerlo implica complicidad.
El Foro también rechaza el argumento del consentimiento en casos de abuso sexual infantil, al señalar que “donde hay manipulación afectiva o de cualquier otra índole para acometer abusos sexuales, caben todas las medidas punitivas que el sistema jurídico prevé”.
Otro de los puntos centrales del comunicado es la preocupación por el tratamiento del caso en clave partidaria. Allí se expresa que las denuncias no pueden quedar supeditadas a coyunturas internas ni utilizarse como herramienta en disputas políticas, ya que “nunca los intereses de los adultos pueden supeditar un bien jurídico mayor como la violación de los derechos de un niño, niña y adolescente”.
En ese marco, se advierte sobre el riesgo de banalizar la gravedad de los hechos cuando se los vincula a acusaciones de corrupción o violencia política, y se subraya que la discusión debe mantenerse en un plano legal, moral y ético.
Finalmente, el comunicado solicita a la sociedad, a los medios de comunicación y a quienes ejercen responsabilidades públicas que el tema no sea tratado como una cuestión privada, sino como un hecho que afecta gravemente la seguridad de niños y adolescentes.
Además, se pide que las investigaciones judiciales contemplen la posible existencia de delitos conexos, al señalar que “detrás de la pedofilia y de la divulgación de imágenes sensibles pueden existir otras aristas ligadas a utilidades financieras u otras tramas de corrupción”. El texto concluye que visibilizar y problematizar estas conductas es una forma de prevenir nuevas vulneraciones.
