El exreo domiciliario y procesado por estafas financieras federales, Esteban Cabello (44), fue detenido junto a otro sujeto en Fray Mamerto Esquiú, en el marco de un operativo que resultó en el secuestro de un arma de fuego y una camioneta.
Efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, en colaboración con sumariantes del Precinto Judicial N° 5, llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio en La Tercena, Fray Mamerto Esquiú, donde arrestaron en averiguación del hecho a Cabello (44) y a Ariel Ignacio Zorzoli (49). Ambos están vinculados a un ilícito perpetrado el día anterior en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas Ahumada y Barros y Enrique Ocampo, en la Ciudad Capital.
Juntos habrían ido a amenazar a un comerciante en una pescadería ubicado en la intersección mencionada. El motivo habría estado relacionado a una deuda y las primeras versiones señalan que hubo disparos dentro del lugar.
Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1 y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 6, durante el operativo se incautaron elementos de interés para la causa, incluyendo una prenda de vestir, una camioneta Ford Ranger negra y una pistola Bersa 9 mm., con su cargador y ocho cartuchos. Cabello y su acompañante fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.
Un historial complicado: fraudes y violencia de género
La detención de Cabello resalta su complejo prontuario. El hombre ha sido una figura prominente en la Justicia Federal, procesado por "intermediación financiera no autorizada agravada". Cabello está formalmente imputado como presunto socio fundador de Beta Bank (o Beta Investment SRL), una financiera que engañó a más de 400 personas en Catamarca al ofrecer ganancias extraordinarias, de hasta 20 a 30% mensuales en dólares.
Para la Fiscalía Federal, Cabello integró una organización dedicada a realizar maniobras fraudulentas captando inversores a través de contratos de inversión en criptomonedas y captación de ahorros, bajo los cargos de intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos, administración infiel y asociación ilícita. Además de Beta Bank, se le vinculó con RT Inversiones, donde supuestamente operaba como "pocero" o captador de fondos.
Agresión y revocación de domiciliaria
A fines de enero de 2023, Cabello, que estaba alojado en el Penal de Miraflores, había obtenido el beneficio de prisión domiciliaria por supuestas afecciones de salud. Sin embargo, a una semana de iniciar este beneficio (el 23 de enero), fue denunciado por graves hechos de violencia de género en perjuicio de su expareja, una mujer de 27 años.
La víctima detalló que, tras una discusión, Cabello la agredió con golpes de puño y, aprovechando que cayó al suelo, intentó ahorcarla o asfixiarla hasta dejarla sin aire. La joven logró sobrevivir gracias a la intervención de los hermanos de Cabello, uno de los cuales tuvo que realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
La gravedad de la denuncia de violencia llevó al juez federal Miguel Ángel Contreras a revocarle la prisión domiciliaria. En ese momento, Cabello se atrincheró y se negó a salir de su domicilio durante varias horas, antes de ser trasladado bajo custodia a una clínica. La víctima, además, había remarcado públicamente que Cabello había violado la prisión domiciliaria la misma noche que comenzó a gozar del beneficio.
A este historial se suma el hecho de que, mientras estaba recluido en el Penal de Capayán, a Cabello le fue secuestrado un teléfono celular en su celda, un incidente que ya se había repetido previamente.
También fue blanco de una golpiza en el mes de mayo de este año dentro del penal de Miraflores. Ello demandó su hospitalización en una clínica privada.
Al poco tiempo, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán lo dejó libre por haber transcurridos tres años de detención sin que la causa de Betabank llegue a juicio.
La reciente detención de Cabello y el hallazgo de un arma de fuego en el marco de la investigación por el nuevo ilícito en la Capital, vuelven a poner su conducta bajo el escrutinio de la Justicia.
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