La posible instalación de un proyecto de 800 hectáreas de plantación de pistachos en La Ciénaga volvió a quedar en el centro del debate tras una charla informativa realizada ayer en el distrito. La iniciativa genera preocupación entre la comunidad, principalmente por la disponibilidad de agua en la zona.
Se trata de un proyecto firmado en octubre de este año mediante un convenio con el Gobierno de Catamarca, del cual participaron el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos. El acuerdo fue rubricado por la empresa Pistachos del NOA S.A., representada por su presidente, Leonardo Daniel Jeifetz.
El emprendimiento prevé una inversión de 9 millones de dólares, el compromiso de generar un 70% de mano de obra catamarqueña y de asumir el 100% del consumo energético del emprendimiento y del hospital de la zona. En cuanto al recurso hídrico, la empresa manifestó que utilizará técnicas renovables.
Durante la charla de ayer, funcionarios del Ministerio de Producción informaron que el proyecto se encuentra en una instancia preliminar y que, antes de cualquier avance, la empresa deberá presentar los estudios de factibilidad, el Estudio de Impacto Ambiental y los estudios de cuencas hídricas. Recién a partir de esos informes se podrá definir si la actividad es viable.
Desde el Gobierno indicaron además que se trata de una obra de alto requerimiento en materia de infraestructura, por lo que el análisis sobre el impacto en los recursos naturales, especialmente el agua, será determinante.
Uno de los principales reclamos de medios locales estuvo vinculado a la falta de comunicación previa y a la necesidad de que el proyecto se trabaje de manera conjunta con la comunidad. La preocupación central pasa por el posible impacto que tendría el emprendimiento en el abastecimiento de agua para el consumo humano y para las actividades productivas ya existentes.
En este contexto, el intendente de La Puerta de San José, Alberto Espinosa, expresó a un medio local que el campo donde se desarrollaría el proyecto se encuentra dentro de su jurisdicción y fue categórico: “Si no va, no va. Si no se puede hacer, haremos otra cosa. Esperaremos los informes de la empresa, pero si no hay agua no vamos a poder hacer nada”.
Según se informó, una vez que la empresa presente los estudios —lo que podría demandar entre tres y cuatro meses en su etapa preliminar—, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, será la encargada de evaluar si la actividad es viable o no.
En caso de que los informes sean favorables, el procedimiento oficial establece la realización de nuevas audiencias públicas, donde la comunidad podrá conocer el contenido de los estudios, plantear observaciones y acceder a información sobre el desarrollo del proyecto y sus posibles impactos ambientales.
