La Corte Suprema de Justicia quedó a cargo de la administración y futura subasta de los bienes que fueron decomisados a Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados en la causa por corrupción que tuvo su sentencia firme este año. La decisión se desprende de una orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que dispuso avanzar con la ejecución del fallo.
El tribunal había confirmado en junio la condena dictada en diciembre de 2022 y habilitó el decomiso de 122 inmuebles, identificados por el Ministerio Público Fiscal como parte de los bienes incorporados durante el período investigado, entre 2003 y 2015. Esos activos fueron señalados como instrumentos o productos de la maniobra delictiva.
El valor del decomiso también fue actualizado: pasó de los $84.835 millones fijados inicialmente a $684.990 millones, tras una pericia contable que fue ratificada por la propia Corte Suprema. El incumplimiento de los condenados para entregar voluntariamente esos bienes llevó al tribunal a ordenar la ejecución mediante su realización y posterior venta.
Qué bienes incluye el decomiso
Entre los activos que pasarán a la órbita de la Corte figuran propiedades vinculadas a Lázaro Báez y a las empresas de su grupo -Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto- además de terrenos, departamentos y hoteles distribuidos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
También se decomisó un inmueble registrado a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y bienes que la ex mandataria había cedido previamente a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La administración y subasta de todos esos activos se llevará adelante bajo supervisión directa de la Corte, que deberá coordinar el proceso para materializar el decomiso ordenado por el TOF 2.