Después de más de una década de investigación, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación resolvió aceptar la suspensión del juicio a prueba para los ocho profesionales imputados en el denominado “caso órdenes truchas”.
La decisión judicial les permite evitar el juicio penal, siempre que cumplan con las condiciones impuestas: el pago de una reparación económica al Estado por una suma cercana a los $15 millones y la prestación de servicios médicos comunitarios en centros de salud barriales y postas sanitarias.
Los médicos beneficiados con la medida son Marcelo González, Bruno Ariel Robledo, Alejandro Codigoni, Marcelo Eduardo Ubaid, Nelson Walter Silva, Juan León Córdoba Bustos, Hugo Pacheco y Lilian Pennise. Durante el año que dure la probation, la causa permanecerá suspendida. Si alguno de los acusados incumple las obligaciones pactadas, el proceso judicial se reactivará automáticamente, según explicó el fiscal Augusto Barros.
El acuerdo fue avalado por el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y la propia OSEP, quienes consideraron que la medida permite equilibrar la sanción económica con una reparación social directa. Los $15 millones abonados funcionarán como resarcimiento por los perjuicios económicos causados al organismo estatal, mientras que las tareas comunitarias buscan reconstruir la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud pública.
El caso, que tuvo amplia repercusión mediática y social, se originó por la falsificación de órdenes médicas dentro de la obra social provincial, lo que generó pérdidas económicas y afectó la credibilidad del sistema.