La Corte de Apelaciones de Nueva York escuchó a las partes tras una intensa batalla legal en la que Argentina fue condenada a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson interrogaron en profundidad a los abogados de la defensa argentina y de Burford Capital, que adquirió los derechos para litigar el caso, evaluando la validez de los argumentos sobre jurisdicción y derechos aplicables.
Robert Giuffra, representante legal de Argentina, sostuvo que el fallo de Preska “nunca debió dictarse en una corte estadounidense” y que los reclamos de los demandantes se basan exclusivamente en derecho argentino. El abogado destacó que la Corte de Distrito inventó un remedio sin precedentes y cuestionó la metodología para calcular los daños, subrayando la centralidad del derecho público y privado local en la disputa.
Por su parte, Paul Clement, abogado de Burford Capital, defendió la elección del foro estadounidense, argumentando que los inversores temían no recibir un tratamiento imparcial en Argentina. Clement sostuvo que no existía exclusividad legal para acudir a tribunales argentinos y que el vínculo contractual permitía reclamar en Nueva York, defendiendo el derecho de los accionistas a demandar por incumplimiento.
La audiencia se prolongó por casi dos horas y contó con la presencia de los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, que siguieron de cerca cada alegato. El tribunal no tiene un plazo definido para emitir su fallo, que podría conocerse durante 2026 y tendrá un impacto directo en las arcas nacionales y provinciales, incluido el efecto sobre Catamarca, donde las regalías de YPF forman parte de la coparticipación federal.
