El Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del doctor Pablo Oscar Quirós, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y dispuso que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) suspenda en todo el territorio nacional la aplicación de las resoluciones Nº2431/2024 y Nº2537/2024, dictadas por la Dirección Ejecutiva del organismo.
La decisión judicial, que tiene alcance nacional, restablece de manera inmediata y urgente el programa que garantizaba la cobertura del 100% en medicamentos esenciales para los afiliados y afiliadas del PAMI, sin necesidad de trámites previos ni burocráticos.
La medida, impulsada por la APDH a través de los abogados Mabel Sessa y Carlos Vicente, se fundamenta en la necesidad de proteger el derecho a la salud de las personas mayores, considerado un derecho humano de jerarquía constitucional. El juez Quirós reconoció la legitimidad de la organización de derechos humanos y la representación colectiva de sus reclamos, extendiendo los efectos del fallo a todos los afiliados del país.
Un precedente con alcance nacional
El fallo se apoya en la doctrina del caso “Halabi” (Fallos: 332:111), que respalda la procedencia de los procesos colectivos y otorga legitimación activa a organizaciones que defienden derechos de incidencia colectiva, como el derecho a la salud.
Hasta ahora, decisiones similares se habían dictado para los afiliados de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, con esta nueva resolución, la medida cautelar se extiende a todas las provincias argentinas, garantizando el acceso equitativo a la cobertura total de medicamentos esenciales.
El juez subrayó que la falta de provisión de estos medicamentos vulneraba derechos fundamentales y provocaba efectos lesivos comunes a todos los beneficiarios del sistema, en especial a los adultos mayores que dependen del PAMI para sostener sus tratamientos médicos.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, celebraron el fallo por considerarlo “un paso trascendental para frenar el brutal retroceso en materia de derechos que viene imponiendo el ajuste del gobierno nacional”.El organismo destacó que el acceso a la salud está garantizado por la Constitución Nacional, las leyes que la reglamentan y los tratados internacionales con jerarquía suprema. En ese sentido, la medida judicial fue interpretada como una respuesta contundente frente a políticas que afectan a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a las personas mayores.
