La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia a 14 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Griselda del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos, secuestrados durante el terrorismo de Estado. El fallo reconoce la continuidad de la querella en representación de la familiar Noemí Toledo y se dictó sin intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se retiró del caso.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, confirmó la condena contra Francisco Gabriel Castañeda, exintegrante del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, por su participación en el operativo que culminó con la desaparición y posterior homicidio de Ponce y Burgos en diciembre de 1976.
El tribunal ratificó que los hechos se cometieron en el marco del terrorismo de Estado y constituyen delitos de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles, inindultables e inamnistiables. La resolución fue firmada el 23 de octubre por los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Daniel Petrone.
Una querella sostenida sin el Estado
El fallo deja constancia de que el proceso fue sostenido gracias a la querella particular encabezada por el abogado Pablo Ramiro Fresneda, quien representa a Noemí Toledo, familiar de desaparecidos.
Esto adquiere relevancia institucional porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se retiró del expediente luego de despedir al equipo jurídico que acompañaba a las querellas en todo el país.
Es uno de los pocos fallos recientes donde la condena queda firme aun sin patrocinio estatal, lo cual refuerza el rol de los familiares como impulsores directos de la persecución penal en causas de lesa humanidad.
La sentencia menciona expresamente que en la instancia de Casación actuó la “querella particular de Noemí Toledo” representada por el Dr. Fresneda.
Relevancia en el contexto actual
El pronunciamiento cobra mayor valor en un contexto de retroceso institucional en materia de Memoria, Verdad y Justicia, donde los mecanismos de apoyo a las víctimas han sido reducidos o discontinuados, dejando el litigio —como en este caso— en manos de querellas particulares.
*Foto principal: Noemí Toledo, familiar de los desaparecidos Ponce y Burgos saliendo del Tribunal Oral Federal (Página 12).
