La decisión quedó plasmada en la Resolución N°41, donde el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios evaluó la denuncias presentada por Cristian Guillou y concluyó que no existían elementos suficientes para abrir un juicio político. El magistrado había sido cuestionado por su actuación en el caso, pero el cuerpo entendió que no se configuraban las causales de mal desempeño de sus funciones y abuso de poder.
El último fiscal de la causa, Guillermo Narváez, planteó su inhibición en la causa, pero no le hicieron lugar. Con la causa en mano, el fiscal Juvenil concluyó que no correspondía realizar acusaciones y solicitó el cierre y archivo del proceso. De esta forma, Hugo Costilla seguirá cumpliendo funciones como fiscal de Instrucción N°5.
Contexto
Después del escándalo de cruces de mails entre Augusto Barros, quien era fiscal acusador, y el relator de la Corte Arturo Herrera Basualdo, donde le indicaban al fiscal las preguntas que debía realizar a los testigos, la causa siguió con el apartamiento de Barros.
Luego se designó a Alejandro Dalla Lasta, pero planteó su inhibición y fue aceptada.
La causa Wika se originó a partir de una serie de denuncias vinculadas a actividades financieras ilegales que derivaron en una investigación de alto impacto público. El denunciante, Guillou, argumentó "falta de investigación de las denuncias formuladas, la omisión en la recolección de pruebas y, en la arbitrariedad y contradicción con la jurisprudencia vigente al imputarle el delito de usurpación y disponer su lanzamiento, a pesar de la existencia de una causa civil que trataba sobre la posesión y los derechos del inmueble objeto de la presunta usurpación y que fundamentaba la inexistencia del delito".
