La Justicia federal avanzó este lunes en la causa por el fentanilo contaminado que provocó la muerte de 96 personas. Por orden del juez Ernesto Kreplak, se realizaron allanamientos simultáneos en la sede central de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y en los domicilios particulares de siete funcionarios. Entre ellos figuran la titular de la ANMAT, Agustina Bisio; la exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumado; y otras autoridades responsables de fiscalización, inspección y control de riesgo.
El objetivo de los procedimientos fue recolectar pruebas sobre la posible negligencia estatal en la cadena de fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado, producido por el laboratorio Ramallo. Según fuentes judiciales, se secuestraron teléfonos y documentación clave para determinar si existieron omisiones, demoras o complicidades que facilitaron la permanencia del opioide adulterado en el mercado. La fiscal federal Laura Roteta investiga si hubo fallas graves en los organismos de control.
El caso generó un fuerte impacto político dentro del Ministerio de Salud. Mientras el ministro Mario Lugones sostuvo públicamente a Agustina Bisio, su par del INAME, Gabriela Mantecón Fumado, fue desplazada de su cargo el 21 de agosto. El detonante fue la revelación de un documento interno que advertía sobre el laboratorio Ramallo, pero que no fue tramitado con la urgencia necesaria. Esa demora podría constituir una de las responsabilidades administrativas más relevantes del caso.
La causa ya acumula 17 imputados y siete detenidos. El principal acusado es Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio donde se elaboró el fentanilo adulterado. Está procesado por delitos contra la salud pública y enfrenta penas de hasta 25 años de prisión. Para la Justicia, la magnitud del daño obliga a esclarecer no solo las responsabilidades empresariales, sino también si hubo encubrimiento, connivencia o desidia por parte del Estado.
