El Ministerio Público Fiscal (MPF) interpuso hoy un recurso de apelación contra la decisión del juez de Garantías de no prorrogar la prisión preventiva de los imputados Mario Rodrigo del Campo, Grisel Rocío Gordillo, Juan Pablo Collante, José Werfil Vega y Gastón Darío Agulles, y su consecuente liberación bajo caución juratoria.
A criterio del fiscal Hugo Costilla, la decisión del juez de Control de Garantías Santiago Ahumada Franzzini causa un “gravamen irreparable” al proceso, carece de debida fundamentación y pone en riesgo la investigación en curso, por cuanto compromete los fines de la justicia penal.
Los principales argumentos del MPF para oponerse a la liberación y solicitar la prórroga de la prisión preventiva son:
- La resolución del juez es insuficiente y contradictoria, ya que se aparta de decisiones procesales previas que habían establecido la existencia de riesgos procesales.
- El mismo juez que ahora ordena la libertad, previamente había dictado la prisión preventiva de los imputados por un plazo de 60 días.
- Esta prisión preventiva fue ratificada unánimemente por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, el 11 de julio de 2025. Esta confirmación superior debería haber tenido un peso decisivo.
- Costilla señala que la decisión del juez de cesar la prisión preventiva contradice su propio accionar previo y el criterio del tribunal de alzada. Observa que la resolución no explica por qué la fundamentación, que antes fue suficiente para ordenar la prisión preventiva y confirmarla en apelación, ahora es "genérica" para extenderla, creando un "doble estándar inexplicable".
- La resolución atacada no dio tratamiento adecuado a los argumentos del MPF, ni a los presentados en el dictamen ni en la audiencia oral, sobre la situación de cada imputado, especialmente Del Campo -como jefe de la asociación ilícita- y Agulles -como organizador-.
Riesgos procesales
En la apelación, el fiscal Costilla sostiene que ahora existe “riesgo de entorpecimiento de la investigación”, por las siguientes razones:
- La naturaleza del delito de “asociación ilícita” (organizada, jerarquizada, con acceso a recursos económicos y redes logísticas) conlleva un alto y evidente riesgo de fuga y obstaculización. Los imputados son investigados por una estructura criminal con capacidad efectiva de entorpecer el proceso si recuperan la libertad.
- Como la investigación es compleja, ya que involucra a 18 imputados indagados y 29 sospechosos, requiere analizar una gran cantidad de prueba documental y digital (más de 54 dispositivos electrónicos), realizar pericias informáticas y patrimoniales/financieras, y llevar a cabo 478 audiencias testimoniales. Tal complejidad, argumenta, impide que el plazo inicial sea suficiente.
- En cuanto al riesgo concreto tras la liberación, el fiscal recuerda que el padre del imputado Mario Rodrigo Del Campo ofreció una recompensa de $80.000 dólares a quien aportara información sobre la usurpación de propiedades atribuidas a su hijo, lo que demuestra un “claro riesgo de afectación e influencia sobre testigos y pruebas”. Esta acción es vista como una "maniobra directa para influir en la prueba" y confirma la pertinencia de los argumentos fiscales.
- Respecto a las muestras puntuales de “entorpecimiento” de la investigación por parte de Del Campo, el fiscal recuerda que existen videos aportados por una martillera pública, una causa conexa por lesiones a un abogado y presunta sustracción de un expediente, e inconsistencias en sus internaciones médicas durante la detención, incluyendo certificados médicos y declaraciones testimoniales contradictorias de profesionales.
Al decretar el cese de prisión preventiva, eljuez Ahumada Franzzini fijó solamente una “caución juratoria” a los imputados. El fiscal Costilla consideró que tal garantía es “irrisoria" y "totalmente inadecuada" para una causa de asociación ilícita con alto nivel de organización y acceso a recursos económicos.
Interpretó que se trata de una "medida simbólica" que ha demostrado ser "absolutamente ineficaz" al no evitar que el entorno de los imputados realice acciones que vulneran la investigación, como sucedió el ofrecimiento de recompensa por parte del padre del principal acusado.
Finalmente, el MPF pidió la revocación de la liberación, la inmediata detención de los imputados y la prórroga de la prisión preventiva por el plazo máximo legal.