Los empleados de la Agencia Nacional de Seguridad Vial siguen cumpliendo tareas esenciales en todo el país, aunque el organismo fue disuelto oficialmente el pasado 8 de julio. El Decreto 461 establece que gran parte de sus funciones y recursos patrimoniales pasarán a Gendarmería Nacional, pero no menciona el destino de los 708 trabajadores que hoy continúan fiscalizando rutas, haciendo controles de alcoholemia y promoviendo la seguridad vial sin respaldo legal claro.
“La incertidumbre es total. No sabemos si mañana estaremos despedidos o absorbidos por otro organismo”, expresó el vocero Gerardo Mannarino. De los 708 empleados, solo 120 tienen planta permanente. El resto, en su mayoría contratados, se encuentran en una situación crítica. “El decreto solo menciona funciones y recursos materiales, pero no habla de los trabajadores”, denunció. A pesar de esto, el personal continúa en funciones, visualizando su situación a través de los medios y en los operativos callejeros.
La preocupación crece también por la posible pérdida de 17 años de experiencia institucional. Desde su creación en 2008, la ANSV fue clave en la reducción de la siniestralidad vial. Sus acciones eran financiadas por el 1% de las pólizas de seguros, por lo que no implicaba un gasto directo para el Estado. “Es un vaciamiento completo de la agencia, que además no le costaba un peso al Gobierno”, reclamó Mannarino, y señaló que el traspaso de los recursos económicos al Ministerio de Economía deja a los trabajadores sin margen de negociación.
El respaldo sindical, por ahora, no fue suficiente. Aunque cuentan con representación de UPCN y ATE, Mannarino expresó que las acciones gremiales “no responden a la urgencia que vivimos”. En contraste, destacó el apoyo de la organización Estrellas Amarillas, que trabaja con ellos en la preparación de acciones legales para frenar o revertir el proceso. Mientras tanto, los agentes de la ANSV siguen controlando rutas, aún con la agencia formalmente disuelta.