Un hombre de 59 años fue condenado a 18 años de prisión tras ser declarado penalmente responsable de once hechos de abuso sexual perpetrados contra cuatro de sus hijas y una sobrina, cuando estas eran menores de edad. Los delitos se prolongaron en el tiempo y, en uno de los casos, producto de los abusos, una de las víctimas tuvo dos hijas.
La audiencia se realizó en la Cámara Penal N°1, en el marco de un juicio abreviado. La causa llegó a esta instancia luego de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa del imputado, que fue homologado por la jueza interviniente.
El imputado —cuya identidad se resguarda para proteger la integridad de las víctimas— fue representado por la Defensora Oficial N°2, Florencia González Pinto. Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal de Cámara Penal N°1, Alejandro Dalla Lasta Baroni, y la fiscal de Instrucción N°3, Valeria Reyes.
La jueza Daniela Barrionuevo, tras escuchar a las partes y al imputado —quien aceptó su culpabilidad y consintió el monto de la pena—, homologó el acuerdo de juicio abreviado y dictó la sentencia condenatoria.
El caso
La investigación se inició a partir de denuncias radicadas a fines de 2023, y permitió acreditar los hechos mediante pruebas testimoniales, periciales y documentales. El imputado permanecía prófugo hasta que fue detenido en mayo de 2024. Los hechos ocurrieron en distintas localidades de los departamentos Ancasti y Santa Rosa.
Conforme a las pruebas recolectadas, el hombre fue imputado y hoy condenado por delitos de abuso sexual que van desde:
- Abuso sexual simple agravado por el vínculo y por haber causado grave daño a la salud mental de las víctimas, hasta
- Abuso sexual con acceso carnal, también agravado por el vínculo y por el daño psíquico causado,
todos en concurso real con el delito de corrupción de menores.
Luego de finalizada la audiencia, el condenado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en Miraflores, donde cumplirá la pena impuesta.
¿Qué es el juicio abreviado?
El juicio abreviado es un mecanismo previsto por la legislación procesal penal que permite resolver determinadas causas sin necesidad de un debate oral, siempre que el imputado reconozca su responsabilidad penal y consienta la pena acordada. Esta herramienta garantiza el respeto por el debido proceso y los derechos del acusado, y al mismo tiempo contribuye a evitar la revictimización y a brindar una respuesta judicial eficaz y oportuna.
Imagen: Jueza Daniela Barrionuevo.
