El Gobierno Nacional presentó un escrito ante la justicia estadounidense para solicitar la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación, Burford y Eton Park. Desde la administración de Javier Milei argumentaron que la decisión genera un “daño irreparable” y que la magistrada se excedió en su jurisdicción.
En el escrito, la defensa argentina pidió que se suspenda la entrega de acciones hasta que se revise el fallo y solicitó además una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor. Los abogados señalaron que las acciones de YPF están registradas en la Caja de Valores y que son de “imposible expropiación” sin la autorización del Congreso, que debe aprobar una mayoría especial de dos tercios para cualquier expropiación.
“El fallo invade la jurisdicción al pretender ordenar algo a un Estado soberano”, destacaron, y advirtieron sobre “consecuencias irreparables si se entregan las acciones sin definir la cuestión de fondo”. También remarcaron que YPF es “la principal empresa energética del país, que emplea a más de 23.000 personas y cuyo control está garantizado por ley”.
Desde la administración de Javier Milei confirmaron que la presentación de la apelación está en marcha, aunque se demora por la complejidad del caso. El proceso será presentado antes de los 14 días hábiles establecidos por la jueza Preska. La defensa está a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, con María Ibarzaba Murphy, y del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
Fuentes vinculadas a la causa indicaron que sería deseable que el Gobierno argentino negocie con los fondos buitres, aunque para ello se requiere la aprobación del Congreso, donde el oficialismo enfrenta un panorama complicado.
Finalmente, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó en su cuenta de X que el Gobierno ya está “trabajando en la apelación” y consideró que el fallo “es jurídicamente inaplicable”.
