La decisión, establecida mediante el decreto acuerdo Nº 719/25 con la firma del gobernador Raúl Jalil, es considerada por las organizaciones como un "golpe antidemocrático" que vulnera la división de poderes.
Según la carta, el decreto modifica la Ley Nº 5.337, que regula el proceso de selección del Defensor del Pueblo, transfiriendo la facultad de designación al Poder Ejecutivo, con posterior acuerdo del Senado, y dejando de lado el mecanismo original de elección a través de una Comisión Bicameral del Poder Legislativo.
“Así de fácil se destruye el sistema republicano y se anula el equilibrio entre poderes”, afirman en el documento.
Además de criticar el procedimiento, las organizaciones plantean objeciones concretas sobre la figura de Mera, a quien acusan de tener una trayectoria política alineada con sectores conservadores y de haber votado en contra de derechos fundamentales, como el matrimonio igualitario, en su paso por el Congreso Nacional. También lo señalan como responsable de recortes en la educación pública catamarqueña cuando fue ministro de Educación.
Otro de los puntos que genera rechazo es la extensión del mandato del Defensor del Pueblo de 5 a 12 años, y la equiparación de su salario al de los integrantes del Tribunal de Cuentas, lo cual representa un cambio sustancial respecto a lo estipulado por la legislación anterior que correspondía el sueldo de un diputado.
Las organizaciones firmantes, entre ellas, la Campaña por el Aborto Legal, Socorristas Catamarca, Eulalias Comunicadoras Feministas, La Colectiva Feminista, entre otras, expresan que el perfil de Mera no representa a los sectores más vulnerables de la sociedad, y que su designación responde a intereses partidarios y no al bienestar ciudadano.
Finalmente, instan a las comisiones de Legislación General y de Mujer, Género, Diversidad y Familia del Senado a rechazar esta designación y a garantizar que los cargos institucionales se asignen a personas formadas en derechos humanos, perspectiva de género y con trayectoria comprobable en la defensa de los sectores vulnerados.
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