A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno nacional anunció una reforma del régimen migratorio argentino, con el objetivo de "restaurar el orden, la seguridad y la equidad en el acceso a los recursos del Estado", según se informó oficialmente.
Con la nueva normativa, ningún extranjero con antecedentes penales podrá ingresar al país, y aquellos que cometan delitos en territorio argentino serán deportados, sin importar la pena prevista. Esto implica un cambio sustancial, ya que anteriormente los delitos menores a cinco años no constituían motivo suficiente para la expulsión.
Además, se establecen restricciones en el acceso gratuito al sistema de salud y a la educación universitaria para inmigrantes que no cuenten con residencia permanente.
“Queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que tener firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la medida.
Principales puntos de la reforma migratoria
- Rechazo de ingreso a cualquier extranjero condenado.
- Deportación inmediata para quienes cometan delitos en Argentina, incluso con penas menores.
- Expulsión automática para quienes ingresen por pasos no habilitados o falseen información migratoria.
- Reducción de plazos para apelar la deportación.
- Cobro de servicios de salud pública a inmigrantes ilegales y residentes temporarios o transitorios.
- Obligatoriedad de seguro médico para ingresar al país.
- Las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a estudiantes con residencia temporaria (la educación primaria y secundaria gratuita se mantiene).
- Nuevos requisitos para acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía: se exigirá demostrar medios de vida suficientes, ausencia de antecedentes penales y dos años de residencia continua o una inversión significativa en el país.
- Las personas en situación migratoria irregular no podrán acceder a la ciudadanía argentina.
Desde el Gobierno señalaron que se trata de una "respuesta efectiva a un régimen jurídico antiguo y muy laxo en materia migratoria", con el cual se busca garantizar que los beneficios del Estado argentino estén destinados a quienes cumplen con la ley.
Más Información
