La disolución del Ente Regulador (ENRE), anunciada por decreto el 30 de abril, mantiene en vilo a sus trabajadores, quienes denuncian que la medida aún no cuenta con aprobación legislativa ni publicación oficial. Sin embargo, ya comenzaron a registrarse cambios en la estructura del organismo, como la presencia de personal de la Defensoría del Pueblo, sin que se haya formalizado la transferencia de funciones. “Estamos en una nube. No somos ni ente regulador ni Defensoría del Pueblo”, expresó Evelin Riccheri, abogada y empleada del ENRE.
Según Riccheri, aunque el decreto contempla la reorganización del personal, el problema central es la inseguridad jurídica y operativa que atraviesan. “Nuestra fuente de trabajo no está en juego, pero el decreto no está firme, no está publicado, y ya estamos en una situación precaria”, explicó. Mientras tanto, los empleados continúan en sus puestos sin funciones definidas, sin jerarquías claras y sin respaldo normativo. “Nos dejaron sin ente regulador”, lamentó.
Las tareas esenciales del ENRE, como el control técnico del servicio de agua y energía, la fiscalización de tarifas y la atención de reclamos, están actualmente paralizadas. “Nuestra función no era solo atender reclamos: hacíamos controles de agua, de tarifas, verificaciones técnicas. Eso hoy está suspendido”, advirtió Riccheri.
La profesional aclaró además que el organismo no fija tarifas, sino que controla los cuadros que presentan las empresas concesionarias. “Hay un cuadro tarifario en proceso que no tiene nuestro control, no puede tenerlo”, señaló con preocupación.
El decreto también establece que el personal del ENRE será absorbido por la nueva Defensoría del Pueblo o por el organismo que asuma las competencias regulatorias, aunque hasta ahora no hay detalles precisos ni normativa aprobada. Mientras tanto, los trabajadores enfrentan un clima de tensión e incertidumbre. “Estamos bastante estresados. La situación es angustiante. Todo ocurrió de un día para el otro, sin ningún instrumento legal firme”, describió Riccheri. Para los empleados, más allá de lo laboral, está en juego la continuidad del control sobre servicios públicos esenciales que afectan a miles de usuarios en la provincia.
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