La figura del Defensor del Pueblo en Catamarca fue creada por ley en 2011, pero durante más de una década nunca fue implementada. Ahora, mediante un polémico Decreto Acuerdo N.º 719/25 presentado este 30 de abril, el gobernador Raúl Jalil designó en comisión al ex ministro de Educación Dalmacio Enrique Mera para ocupar este puesto. La medida generó críticas en la Legislatura y expuso una serie de inconsistencias legales, presupuestarias y políticas.
El cargo de Defensor del Pueblo fue pensado originalmente como un organismo autónomo, capaz de defender los derechos de los ciudadanos frente a situaciones críticas como reclamos sociales, desalojos, represión, crisis habitacionales, aumentos tarifarios o problemas ambientales. Sin embargo, su implementación llega en medio de acusaciones de favoritismo, falta de debate legislativo y ausencia de financiamiento claro.
Un cargo con muchas facultades y poca transparencia
La Ley 5337, que regula la creación del Defensor del Pueblo en Catamarca, establece que se trata de una autoridad independiente, con el deber de actuar con imparcialidad y sin filiación partidaria. El artículo 6 es explícito: quien ocupe el cargo no puede tener actividad política, sindical o gremial, ni ejercer otras profesiones, a excepción de la docencia o la investigación.
Pese a estas condiciones, la designación de Mera –ex ministro de Educación– fue realizada sin concurso público ni intervención de la Comisión Bicameral, órgano encargado de garantizar un proceso transparente. Según lo establece la ley, la bicameral provincial debería haber intervenido para analizar y aprobar la designación. No obstante, el Decreto Acuerdo modificó esta instancia clave, eliminando el control legislativo cruzado y habilitando que el Poder Ejecutivo designe al defensor con la simple aprobación del Senado.
Un salario millonario y sin presupuesto aprobado
Otro aspecto que generó críticas fue el salario asignado. El Defensor del Pueblo de Catamarca percibirá una remuneración equivalente a la de un ministro de la Corte de Justicia, según la modificación introducida también al Decreto Ley N.º 4621. Esto ubica al cargo en un rango salarial altísimo, lo que provocó reacciones en la oposición.
Durante la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el diputado Tiago Puente (UCR) cuestionó con dureza la medida:
“Modificaron una ley para hacerle un traje a medida a un compañero que, pobrecito, se quedó sin sueldo. Un inútil, porque fue la peor gestión educativa que tuvo la provincia de Catamarca. Es preocupante que esto esté pasando”, disparó el Diputado Puente durante la sesión.
Tras sus dichos, INFORAMA le consultó a Puente sobre el presupuesto que se asignará a esta figura. Su respuesta fue tajante:
“El decreto no menciona ninguna partida específica, y como se trata de una figura que nunca se implementó hasta ahora, no fue incluida en el Presupuesto 2025 aprobado por la Legislatura. ¿Con qué fondos se va a financiar esta estructura? Y, más importante aún, ¿quién la autorizó?”
Efectivamente, el decreto no menciona ninguna partida presupuestaria específica, y como nunca se había implementado antes esta figura, tampoco fue contemplada en el Presupuesto 2025 aprobado por la Legislatura. Además, el artículo 25 de la Ley 5337 exige que el presupuesto del organismo sea aprobado y asignado expresamente. Hasta ahora, esto no ocurrió.
A esto se suma la incorporación de personal del extinto Ente Regulador de Servicios Públicos (En.Re), aunque las áreas técnicas serán absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que genera incertidumbre entre los extrabajadores sobre cuál será finalmente su destino laboral y las tareas a seguir.
¿Qué sucede en otras provincias de Argentina?
En gran parte del país, las Defensorías del Pueblo ya están en funcionamiento. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán, entre otras, cuentan con este organismo activo. En Catamarca, la creación de la Defensoría del Pueblo está en marcha, y se espera que el cargo sea asumido en breve. Sin embargo, provincias como La Pampa, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego aún tienen pendiente su implementación.
En medio de los contrastes, la situación en Catamarca resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que ya se designó una figura igualmente importante: el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de un concurso público gestionado por la Comisión Bicameral. A fines del 2024, Luis Eduardo Tomassi fue seleccionado para el cargo, pero hasta el momento no se le ha asignado presupuesto, lo que ha impedido que la defensoría comience a operar. Según la oposición, la diferencia radica en que Tomassi no pertenece al oficialismo.
12 años en el cargo: una duración que genera suspicacias
Uno de los puntos más controversiales es la modificación en la duración del mandato del Defensor del Pueblo, que en la provincia será de 12 años, muy por encima de lo estipulado en otras figuras similares. Por ejemplo, el Defensor del Niño ejerce por cinco años y cobra lo mismo que un legislador provincial. En cambio, Mera ejercerá más del doble de tiempo con un sueldo notablemente superior.
Además, el artículo 33 de la ley establece que el defensor podrá designar a los funcionarios y empleados de su estructura “de acuerdo con su reglamento y dentro de los límites del presupuesto aprobado”, pero dicho reglamento aún no ha sido definido, ni se sabe cuántos empleados o recursos tendrá la nueva estructura.
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