En pleno debate por la regulación de plataformas digitales como Uber y Didi en el Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca, el abogado Carlos Rosales Vera, quien representa a permisionarios de taxis y remises, advirtió que estas aplicaciones deben ser tratadas como servicios públicos sujetos a control estatal.
“Hay un lucro inevitable y un vínculo jurídico que no puede quedar fuera de regulación”, expresó, y reclamó igualdad de condiciones con el sistema legalmente habilitado.
Rosales Vera señaló que el sector tradicional ya se modernizó a través de aplicaciones propias, como las implementadas por empresas locales y la Federación Nacional de Taxis. Por eso, considera injustificable otorgar ventajas a plataformas nuevas que operan sin cumplir las mismas exigencias. “El concepto legal es claro: los iguales en iguales circunstancias. Ni más ni menos”, sostuvo, rechazando la idea de habilitarlas mediante un simple registro municipal.
Uno de los puntos más críticos fue su advertencia sobre el servicio de Uber Moto, al que calificó como “absolutamente ilícito e inseguro”. Según explicó, esta modalidad carece de sustento legal, no existe una categoría profesional para transporte de pasajeros en motocicleta, y las aseguradoras no cubren esta actividad. “No hay dudas: es irregular en extremo”, sentenció.
Finalmente, el abogado pidió intensificar los controles municipales y no permitir que la informalidad se imponga por costumbre. “Parece que nos vamos acostumbrando a manejarnos sin normas, pero son las leyes las que rigen la vida en sociedad”, afirmó. Rosales Vera espera que la nueva ordenanza contemple un marco justo y equilibrado: “No estamos pidiendo privilegios, solo que se cumpla la ley con todos por igual”.
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