A más de una década de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, su implementación en Catamarca sigue enfrentando serias dificultades. La secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión local, Dra. Anahí Costa, ofreció un diagnóstico profundo sobre el estado actual de la normativa y las barreras que obstaculizan su cumplimiento efectivo. “La ley fue auspiciosa porque garantizó derechos fundamentales, pero hay fallas serias en su aplicación”, advirtió.
Costa, quien preside este órgano creado por la propia ley y que funciona bajo la Dirección de Derechos Humanos, explicó que una de sus principales tareas es monitorear internaciones voluntarias e involuntarias. Aseguró que muchas veces los criterios de riesgo exigidos para una internación no se aplican correctamente: “La valoración de una persona en crisis no puede hacerse en menos de dos horas ni sin consultar su entorno”.
Otro de los problemas estructurales que subrayó es la falta de infraestructura y de dispositivos intermedios para personas externadas. “La ley exige pensar en el plan de externación desde el día uno. Pero eso implica redes que no están funcionando. Falta continuidad del tratamiento, falta contacto con la comunidad, y sobre todo, faltan herramientas para las familias”, explicó.
Por último, Costa señaló que también es crítica la situación del personal de salud mental, que enfrenta condiciones laborales precarias, sin capacitación ni contención suficientes. En respuesta, el órgano que dirige organizará jornadas de formación con la participación de la Dra. María Graciela Iglesias, referente nacional en la materia. “El tema de salud mental atraviesa a toda la sociedad, y es urgente abordarlo con más seriedad y compromiso institucional”, concluyó.