Ante versiones sobre la posible eliminación del Ente Regulador de Servicios Públicos (En.Re.), los trabajadores del organismo hicieron pública una declaración en la que advierten que la medida no solo implicaría una grave vulneración de derechos de los usuarios, sino también una violación al marco normativo y constitucional que le da sustento legal al Ente desde su creación hace casi 30 años. Subrayan que su función excede la mera recepción de reclamos, ya que es la única entidad habilitada para fijar y modificar tarifas a través de procesos participativos como las audiencias públicas.
El personal técnico y administrativo del En.Re. remarcó que el organismo cumple una función fundamental como contralor de calidad en los servicios de agua potable y energía eléctrica, y en la defensa de los derechos de los usuarios frente a concesionarias que operan bajo contratos regulados.
Sin este control, advirtieron, se rompería el equilibrio en una relación ya desigual entre empresas y ciudadanos, dejando a estos últimos sin una instancia formal que garantice sus derechos frente a posibles abusos o deficiencias en la prestación de servicios.
En el documento, también se alerta sobre la falta de claridad respecto a qué organismo asumiría las funciones regulatorias y de control que hoy ejerce el En.Re., y se cuestiona la posibilidad de que las tarifas queden en manos del Poder Ejecutivo o incluso de las propias empresas prestatarias. Además, recuerdan que para avanzar con la eliminación del Ente sería imprescindible derogar o reformar una serie de leyes provinciales que regulan el servicio público, incluyendo las leyes 4836, 4834 y 4963, entre otras.
Finalmente, los trabajadores resaltaron que el argumento económico detrás de esta medida carece de sustento, ya que el Ente tiene un bajo costo operativo, con personal reducido y perteneciente a planta permanente. Por el contrario, sostienen que la creación de un nuevo organismo, como se sugirió, implicaría mayores gastos para el Estado y una innecesaria duplicación de funciones.
“Lo que está en juego es la protección de los usuarios, y su eliminación sería un retroceso institucional y legal inaceptable”, concluyeron.