La Unión Industrial Catamarca (UICA) entregó un petitorio al Ministro de Desarrollo Productivo Juan Cruz Miranda, con algunos puntos que aquejan a la entidad y en el que solicitan la evaluación del funcionario.
Entre ellos, solicitaron que ante la falta de presencia policial que controle y vigile, se gestione a Gendarmería una base de apoyo fija en la ruta. De ser necesario, considerarán el suministro de un predio dentro del área industrial para ese fin. Explicaron que este reclamo fue reiterado en varias oportunidades a la Secretaría de Seguridad.
Asimismo, cuestionaron que sus "socios empresarios industriales, deban gestionar ante otra Cámara (CASEMICA), las ofertas para ser proveedores de las empresas mineras", y pidieron que el ministro de Minería Marcelo Murúa, se expida "explícitamente por escrito" al respecto.
"La Unión Industrial de Catamarca lleva 40 años con presencia en nuestra provincia, y es anterior al desarrollo minero y seguramente permanecerá en la post minería".
Unión Industrial Catamarca
Asimismo, requirieron que la Provincia gestione ante Nación, "la defensa de los puestos de trabajo" frente a la "apertura de manufacturas importadas de manera indiscriminada".
La preocupación está enfocada en la "competencia desleal" que se produce con la industria nacional, dado que ingresan "sin demostrar que no provienen de trabajo de menores o trabajo esclavo".
"Ningún país serio expone a su industria a la desaparición", manifestaron en el documento.
También pidieron la intermediación de la Provincia frente a los entes nacionales para que las tarifas de electricidad y gas, "sean equiparables a los mejores precios que tienen otras áreas" del país y "que no se cargue a las industrias con sobrecostos motivados por subsidios cruzados entre sectores".
"Mantener a raya la inflación subiendo poco las tarifas residenciales, cargando a las industrias con sobrecostos, es una falacia de corto alcance", aseguraron.
Finalmente, esperan la continuidad de los planes de empleo provinciales y de reinserción laboral. En ese sentido, pidieron que se "flexibilicen las acciones posibles durante el periodo de prueba", y que el Estado apoye a por lo menos un 15% de la nómina de personal de empresas que puedan entrar en crisis, "por el carácter recesivo de los bajos ingresos de los trabajadores".
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