La diputada provincial Adriana Díaz (Frente de Todos) cuestionó públicamente un proyecto de ley presentado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Catamarca, que busca instaurar un “Régimen de Trabajo Obligatorio para Internos en Establecimientos Penitenciarios”. Según Díaz, la propuesta no solo es innecesaria porque ya existe legislación al respecto, sino que además entra en contradicción con normas constitucionales y tratados internacionales suscriptos por Argentina.
Díaz recordó que tanto la Ley Nacional 24.660 como su adhesión provincial mediante la Ley 5776, aún sin reglamentar desde su aprobación en 2022, contemplan el trabajo carcelario en un marco legal claro, voluntario y con incentivos. En sus redes sociales, apuntó que la iniciativa libertaria “ignora por completo este marco” y elimina aspectos fundamentales como el destino del salario de los internos a la reparación de víctimas y la manutención de sus hijos.
La legisladora fue enfática al señalar que el trabajo forzoso choca con los artículos 14 bis y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, así como con tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. En ese sentido, advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha expresado contra este tipo de medidas. “No pueden alegar desconocimiento”, afirmó con dureza.
Díaz también cuestionó la viabilidad del concepto de “autosustentabilidad carcelaria” que promueve el proyecto de LLA, indicando que muchas de las actividades laborales propuestas ya se realizan en las cárceles de la provincia, aunque sin un presupuesto estatal adecuado. En vez de impulsar una reforma de dudosa legalidad, sostuvo que lo lógico habría sido reglamentar la ley provincial ya sancionada. “Pretenden modificar la Constitución desde una legislatura provincial. Eso no solo es inviable, demuestra que no entienden cómo se legisla”, cerró.
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