En medio del creciente debate por la legalidad del funcionamiento de Uber en Catamarca, la diputada Cecilia Barros salió al cruce de lo que consideró una “utilización política” del conflicto por parte de algunos legisladores. Respaldó el proceso de regulación que impulsa el municipio capitalino y advirtió que la prioridad debe ser “garantizar un servicio seguro y eficiente, bajo control del Estado”.
Barros recordó que la actividad de Uber fue calificada como un servicio público en un fallo judicial en Buenos Aires, lo que otorga al Estado la potestad de intervenir y regular. En este marco, destacó que el municipio mantiene diálogo con taxistas, remiseros y representantes de la aplicación, pero que el avance hacia una regulación debe contemplar tiempos y exigencias claras: carnet profesional, seguros adecuados y requisitos que hoy muchos choferes no cumplen.
También cuestionó las propuestas de derogación sin alternativas, impulsadas por sectores como La Libertad Avanza, y llamó a un trabajo legislativo serio. “No se trata de facilitar el funcionamiento de Uber sin reglas. Se trata de legislar con responsabilidad para resguardar derechos, sobre todo la seguridad del pasajero”, afirmó, criticando directamente las declaraciones del diputado Brizuela.
Finalmente, la legisladora admitió que Uber es una realidad instalada, pero subrayó que no puede operar sin respetar el marco legal vigente. Propuso incluso avanzar en una legislación nacional para ordenar el funcionamiento de este tipo de plataformas en todo el país, y remarcó: “Esto no es estar en contra de la tecnología, es poner al ciudadano en el centro del debate”.