Según sostiene el legislador, la aeronave de uso estatal, un Learjet 75, estaría siendo ofrecida por una empresa privada como parte de un contrato con una minera extranjera, lo que, de confirmarse, configuraría un delito de peculado.
"Hoy presenté una nueva denuncia penal, ampliando las que ya hice anteriormente, con respecto a lo que está pasando con el avión sanitario", afirmó Ávila al explicar el eje de su presentación ante el fiscal Barros Jorrat.
En este caso, apunta contra la empresa First Responder, a la que acusa de haberse “apropiado del Hospital José Chaín Herrera de Andalgalá” para realizar exámenes preocupacionales dirigidos a la actividad minera y de incluir al avión oficial en un contrato con una compañía canadiense.
El alquiler, según denuncia el diputado, se haría a razón de 15.500 dólares mensuales. “La empresa ofrece el avión sanitario de la provincia y lo incluye en un contrato con una empresa canadiense minera, supuestamente, a un alquiler mensual de 15.500 dólares. Esto es gravísimo, por eso hice ampliación de denuncia penal”, advirtió.
Ávila asegura que el uso actual del avión sanitario no se condice con los fundamentos establecidos en el presupuesto aprobado para su adquisición. “Creo que el uso que se le da al avión no es el que corresponde de acuerdo a los fundamentos cuando se aprobó el presupuesto para la compra del mismo. Se han violado y vulnerado absolutamente todos los fundamentos de la compra del avión sanitario”, sostuvo.
Uno de los puntos más inquietantes de la denuncia radica en el prolongado tiempo en el que la aeronave ha estado fuera de la provincia, sin que existan explicaciones oficiales. “Estoy pidiendo que la justicia investigue qué ha pasado hace 80 días o más que el avión no está en Catamarca. Está en el aeropuerto de San Fernando. ¿Cuáles son las fallas que tiene? ¿Por qué hay un silencio cómplice de parte de las autoridades de la Secretaría de Aeronáutica?”, cuestionó.
Además, Ávila puso el foco en el estado general de la flota aérea de la provincia. “Ya he denunciado también por el desmantelamiento del parque aéreo de la provincia de Catamarca. Ninguno de los aviones que tiene la provincia están funcionando. Y esto es una verdadera vergüenza”, denunció con vehemencia.
A su entender, el trasfondo de esta situación excede las irregularidades administrativas. “No tengo duda que detrás de todo esto hay graves hechos de corrupción que deben ser investigados”, aseveró. Y agregó: “¿Cómo puede ser que una prestadora de servicios a la actividad minera se apodere de un hospital, pero también del avión de la provincia para alquilarlo?”.
Finalmente, planteó una inquietud central: el destino del dinero supuestamente obtenido. “¿A dónde van los fondos si es que realmente se concretó el contrato con la empresa? ¿A dónde van los 15.500 dólares?”, interrogó. Según su perspectiva, las respuestas deberían surgir de una investigación judicial seria e imparcial.
Esta no es la primera vez que el uso del avión sanitario provincial genera controversias. Desde su adquisición, la aeronave fue objeto de cuestionamientos por su uso y los altos costos de mantenimiento. La actual denuncia, sin embargo, podría escalar el conflicto a niveles judiciales más complejos, al involucrar posibles maniobras de privatización de recursos estatales y supuestos vínculos con empresas del sector minero.
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