Durante el transcurso de esta noche se produjeron los traslados hacia la sede de Fiscalía de seis de los detenidos en el marco de la red de empleados de distintos organismos gubernamentales que fue desbaratada el fin de semana. El fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, se encargará de hacerles conocer la imputación que recae sobre cada uno y seguidamente indagarlos.
Fuentes judiciales señalaron que podrían encuadrarse sus conductas en los delitos de asociación ilícita y estafas.
Según pudo conocer INFORAMA, los detenidos hasta el momento son:
- Mario Rodrigo Del Campo
- Dra. Grisel Gordillo
- José Wilfer Vega
- Gastón Darío Agulles
- Héctor Enrique Varela
- Dennis Nieva Chayle / Oficial Principal de la Policía de la provincia
Además, un abogado de apellido De la Fuente, fue liberado en las últimas horas aunque por ahora se desconocen mayores detalles.
Temprano en la jornada, se conoció que se detuvo a un empleado de la Dirección General de Catastro. ARCAT, organismo del cual Catastro forma parte, publicó un comunicado en el que señalaron que estaban cooperando con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.
En un tenor similar, la Sala de Sumarios del Poder Judicial señaló que suspendieron precautoriamente a seis agentes judiciales sin goce de haberes durante sesenta días, a los fines de que se puedan dilucidar responsabilidades.
El modus operandi de la banda
La causa se originó meses atrás a partir de denuncias por usurpación de propiedades, donde se detectó un patrón común que vinculaba a los mismos implicados. Esto llevó al fiscal Costilla a unificar las denuncias e iniciar una investigación de oficio, descubriendo una estructura delictiva organizada que operaba mediante una red de contactos dentro de organismos públicos y privados.
Según la investigación, la banda obtenía información sobre propiedades a través de contactos en Catastro y el Registro de la Propiedad. Luego, saneaban títulos de manera fraudulenta para poder disponer de los inmuebles. Un elemento clave en su accionar era que las víctimas nunca eran notificadas de los procesos judiciales en su contra, ya que contaban con empleados dentro del Juzgado Comercial y de Ejecución, quienes les facilitaban información privilegiada y manipulaban la designación de martilleros para asegurar que los remates de bienes se realizaran según sus intereses.
La organización también tenía influencia en la Oficina de Notificación, lo que les permitía evitar que las citaciones llegaran a destino. Como resultado, las víctimas solo se enteraban de los juicios ejecutivos en su contra cuando sufrían el secuestro de sus vehículos o el descuento de haberes, sin haber sido informadas previamente.
El entramado delictivo incluía además a miembros de la Policía, quienes no solo figuraban como titulares de créditos y accionantes en las causas, sino que también cumplían un rol operativo: seguían a los deudores, tomaban fotografías de sus bienes y alertaban a los martilleros una vez firmados los embargos.
Otro punto de la investigación reveló que la banda tenía acceso a información bancaria de las víctimas a través de empleados de entidades financieras, lo que les permitía conocer detalles sobre cuentas y movimientos de dinero. En algunos casos, incluso recurrieron a la falsificación de firmas para concretar sus maniobras fraudulentas.
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