La investigación, encabezada por el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, permitió detectar una red que involucraba a empleados de distintos organismos gubernamentales, miembros de la Policía y la Justicia, así como a abogados y particulares.
Esta mañana, con la autorización del juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, se realizaron 14 allanamientos simultáneos en viviendas de la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Como resultado, fueron arrestadas siete personas, entre ellos seis hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, en los procedimientos se secuestraron elementos informáticos, celulares, notebooks y documentación relevante para la causa.
La investigación y el modus operandi de la banda
La causa se originó meses atrás a partir de denuncias por usurpación de propiedades, donde se detectó un patrón común que vinculaba a los mismos implicados. Esto llevó al fiscal Costilla a unificar las denuncias e iniciar una investigación de oficio, descubriendo una estructura delictiva organizada que operaba mediante una red de contactos dentro de organismos públicos y privados.
Según la investigación, la banda obtenía información sobre propiedades a través de contactos en Catastro y el Registro de la Propiedad. Luego, saneaban títulos de manera fraudulenta para poder disponer de los inmuebles. Un elemento clave en su accionar era que las víctimas nunca eran notificadas de los procesos judiciales en su contra, ya que contaban con empleados dentro del Juzgado Comercial y de Ejecución, quienes les facilitaban información privilegiada y manipulaban la designación de martilleros para asegurar que los remates de bienes se realizaran según sus intereses.
La organización también tenía influencia en la Oficina de Notificación, lo que les permitía evitar que las citaciones llegaran a destino. Como resultado, las víctimas solo se enteraban de los juicios ejecutivos en su contra cuando sufrían el secuestro de sus vehículos o el descuento de haberes, sin haber sido informadas previamente.
El entramado delictivo incluía además a miembros de la Policía, quienes no solo figuraban como titulares de créditos y accionantes en las causas, sino que también cumplían un rol operativo: seguían a los deudores, tomaban fotografías de sus bienes y alertaban a los martilleros una vez firmados los embargos.
Otro punto de la investigación reveló que la banda tenía acceso a información bancaria de las víctimas a través de empleados de entidades financieras, lo que les permitía conocer detalles sobre cuentas y movimientos de dinero. En algunos casos, incluso recurrieron a la falsificación de firmas para concretar sus maniobras fraudulentas.
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