El Tribunal de Jury de Enjuiciamiento absolvió hoy al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial de Belén, Miguel Ángel Aybar, quien había sido acusado de retardo judicial reiterado. La decisión se tomó tras un proceso en el que el Ministerio Público Fiscal pidió su destitución, mientras que su defensa argumentó que la mora en los expedientes no se debía a negligencia, sino a la falta de recursos en el sistema judicial del interior.
"No somos jueces vagos, trabajamos con las herramientas que tenemos y muchas veces en condiciones desfavorables", sostuvo Aybar tras conocerse el fallo. En su defensa, el magistrado enfatizó la necesidad de una reforma judicial que equipare las condiciones de trabajo de los jueces del interior con las de otras jurisdicciones. "Hay un circuito burocrático insuficiente, no hay recursos humanos ni materiales suficientes, y sin embargo seguimos dando respuestas jurisdiccionales", agregó.
El proceso contra Aybar se inició por denuncias de mora judicial en más de 400 expedientes, lo que derivó en un juicio político que pudo haberlo llevado a la destitución. Sin embargo, los fundamentos presentados en su defensa revirtieron la acusación del fiscal Augusto Barro. La resolución del tribunal fue definida por el voto del presidente de la Corte de Justicia, Hernán Martel, ya que dos legisladores del oficialismo votaron por la destitución.
Aybar también cuestionó la posible eliminación del proyecto de la Cámara de Apelaciones, lo que, según él, significaría "un retroceso en el tiempo". En ese sentido, instó a mejorar las condiciones de los jueces del interior de la provincia para que puedan desempeñar su labor en igualdad de condiciones. "Soy y seré un abogado del interior y quiero que el interior tenga las mismas oportunidades que el resto", enfatizó.
Durante su defensa, Aybar citó un fallo del Consejo de la Magistratura de Córdoba, publicado en la ley, que establece: "No cualquier atraso en el dictado de resoluciones o en la celebración de actos procesales implica, per se, el encuadramiento de los magistrados en una causal de destitución. La demora debe reflejar un modo de conducirse del juez que atente contra una recta y pronta administración de justicia y que le sea reprochable subjetivamente".
El magistrado cerró su intervención dejando en claro su compromiso con la administración de justicia y subrayó que su caso ejemplifica las dificultades que enfrentan los jueces del interior. "Necesitamos una profunda y seria reforma judicial. No es una excusa, es una realidad que afecta a la administración de justicia", concluyó.
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