Este miércoles desde las 10, Diputados sesionará para debatir el proyecto de ficha limpia, después de una primera sesión con éxito en la que aprobaron los proyectos de suspensión de las PASO, juicio en ausencia, y reincidencia y reiterancia.
La iniciativa, que apunta a prohibir que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas a cargos nacionales, recibió dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con 30 firmas, de LLA, el Pro y el monobloque CREO; mientras que la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal firmaron en disidencia.
En total hubo seis despechos. Al tratarse de una cuestión electoral, el texto requerirá de una mayoría absoluta de 129 votos para ser aprobado.
Los bloques dialoguistas pidieron modificaciones al proyecto presentado por La Libertad Avanza en el que trabajaron especialistas y en el que estuvo involucrado también el ministro de Defensa, Luis Petri, además de la legisladora del Pro Silvia Lospennato, explicó El Parlamentario.
En la nueva redacción se propone que no puedan presentarse como candidatos a elecciones ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, "dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta".
Esto afectaría a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Fernández de Kirchner, que el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Mientras que "en caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral".
Por su parte, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar "un Registro Público de Ficha Limpia" en el que constarán las sentencias de segunda instancia, eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.
Las personas condenadas en segunda instancia por corrupción tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni ser designadas para ejercer funciones equivalentes, expresa el proyecto.
Algunos bloques de la oposición aliada reclamaron respecto de la cláusula que establece que regirá para casos en que los fallos se hayan dado en años no electorales, la ampliación a otros delitos y cargos a los que no deberían acceder.
El primer dictamen de minoría fue el de Unión por la Patria con 26 firmas, e incorporó delitos económicos y estimó que la prohibición debe darse únicamente en casos de condena firme de la Corte Suprema. También firmaron sus propios dictámenes Encuentro Federal, Democracia para Siempre, por dos y el Frente de Izquierda, de rechazo.
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