El 7 de enero, el fiscal general, Alejandro Gober, tras analizar el expediente remitido por la Procuración General, designó a la fiscal de instrucción N°7, Paola González Pinto, quien actualmente cumple funciones durante la Feria Judicial, para liderar la investigación y ejercer “control de las actuaciones en el marco de la causa “asalto en Parque América".
En consecuencia Paola González Pinto, tras el estudio e investigación solicitado de la causa, en el día de ayer pidió la nulidad del acuerdo de "reparación integral aprobado por el fiscal Hugo Costilla y el Juez Rodolfo Maidana", relacionado con el asalto en Parque América ocurrido el 4 de septiembre del año pasado.
González Pinto sostiene que el acuerdo es inválido ya que perjudica los derechos de las víctimas de las criptoestafas en RT Inversiones, un caso que se encuentra en la Justicia Federal. Esta situación crea un conflicto que debe ser abordado para garantizar la justicia y el orden público.
La fiscal en otro punto, concluyó que el acuerdo es incompatible con el orden público y viola el derecho de igualdad establecido en la Constitución Nacional. Argumenta que "solo aquellos con capacidad económica para pagar una reparación integral pueden acceder a este tipo de acuerdos", perpetuando así la desigualdad y la injusticia.
Circunstancias de los imputados y víctimas
El análisis detallado de las condiciones personales de los imputados, incluyendo a Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva, reveló inconsistencias que cuestionan la legitimidad del acuerdo. Diego Arroyo, por ejemplo, fue declarado reincidente en seis oportunidades, lo que, según González Pinto, es altamente ofensivo al orden público y los intereses sociales.
Aunque el procedimiento formal no es cuestionable desde un punto de vista técnico legal, la fiscal argumenta que las condiciones personales de los firmantes del acuerdo no fueron debidamente valoradas. Matías y Gustavo Rolón Reynoso, las víctimas del asalto, renunciaron a cualquier tipo de acción civil tras aceptar la reparación integral propuesta, una suma que la fiscalía considera insuficiente para cubrir los daños sufridos.
González Pinto destacó inconsistencias en los montos resarcitorios pagados por los imputados, especialmente en el caso de Gustavo Rolón Reynoso, quien sufrió pérdidas significativas durante el asalto. Además, cuestiona cómo algunos imputados en situación de pobreza pudieron afrontar los pagos requeridos para el acuerdo.
La fiscal subrayó que el acuerdo no contribuye a restablecer la paz y el orden social y profundiza la injusticia, convirtiéndose en una solución reprochable. Insistió en que este convenio es lesivo a los intereses sociales y debe ser anulado por consagrar una desigualdad basada en cuestiones económicas y frustrar las expectativas de los acreedores de la causa RT Inversiones.
Remisión al Fiscal General
González Pinto solicitó la remisión del expediente al Fiscal General para que tome las acciones correspondientes. La Sala Penal de la Corte de Justicia, integrada por los ministros Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño, ahora deberá decidir sobre la nulidad solicitada.
Para la fiscal el acuerdo firmado por el asalto en Parque América "debe ser anulado" y reiteró que este convenio "resulta lesivo a los intereses sociales, por consagrar una desigualdad basada en cuestiones económicas, ya que solo podrán acceder a un acuerdo que permita conseguir el sobreseimiento, quienes estén en condiciones de afrontar una reparación integral y abonar íntegramente todos los conceptos.