Sigue la polémica por la decisión de la Corte de Justicia de la provincia de otorgar un aumento a sus empleados de más del 12%. Ahora, María Argerich (UxP), vicepresidenta de la Cámara de Diputados, le solicitó que explique de dónde sacará los fondos para afrontar esa decisión.
Previamente, pidió a la Corte que informe la acordada en la cual se encontraba determinado el aumento, con base en la Ley de Acceso a la información pública y que informe si efectivamente "aplicaron incrementos salariales diferenciales según criterios específicos (antigüedad, jerarquía, etc.)”, algo que se había especulado sin mayores precisiones. También pidió información sobre las partidas presupuestarias que se hubieren modificado para financiar los aumentos.
Asimismo, requirió a la ministra de Hacienda y Finanzas, Alejandra Nazareno, que informe si el Ejecutivo tiene la capacidad de colaborar con dicho aumento y que remita a la Legislatura detalles de la pauta salarial aprobada para la Administración y la recaudación total del año además de los ingresos fiscales de libre disponibilidad obtenidos durante 2024 más la proyección presupuestaria para el 2025.
Argerich considera que esta decisión “podría poner en riesgo las finanzas públicas de la Provincia”, además de que no contemplaría la Ley de Emergencia Económica ni el contexto nacional en el que el Ejecutivo prorrogó el Presupuesto 2023.
De acuerdo con la legisladora, tampoco respetaría la Ley de Presupuesto 2024, que en su artículo 37 estableció que “el Poder Ejecutivo Provincial otorgará, de resultar necesario, el crédito presupuestario a los Poderes Legislativo, Judicial y Tribunal de Cuentas de la Provincia, para afrontar el gasto en personal, hasta cubrir la misma pauta salarial establecida por el Poder Ejecutivo para los empleados de la Administración Pública”.
Por este motivo, sostuvo que comprometería la ejecución presupuestaria establecida en el Presupuesto General 2025 y el consecuente cumplimiento de obligaciones prioritarias de la Provincia.