El diputado nacional Francisco Monti presentó pedidos formales tanto a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor como a la empresa EC SAPEM, exigiendo información y acciones concretas ante la posible inclusión de cobros indebidos en las facturas de energía eléctrica de los usuarios catamarqueños.
En una nota dirigida a la Dra. Mónica Avellaneda, titular de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, Monti solicitó detalles sobre las medidas implementadas para garantizar el cumplimiento de la resolución N°267/2024 del Ministerio de Economía, que prohíbe a los proveedores incluir cargos ajenos a los servicios contratados. Además, el legislador pidió conocer si se han realizado inspecciones o investigaciones a EC SAPEM para asegurar el respeto a los derechos de los consumidores.
“El rol de Defensa del Consumidor debe enarbolar las banderas de protección a los usuarios, garantizando el cumplimiento estricto de sus derechos constitucionales”, subrayó Monti en el escrito, donde también instó a implementar campañas de difusión sobre las disposiciones vigentes para empoderar a los ciudadanos.
Por otro lado, en un pedido paralelo a EC SAPEM, el diputado demandó respuestas detalladas sobre la facturación de rubros ajenos al servicio eléctrico. Entre los puntos destacados, solicitó:
- Información sobre un plan de reestructuración de la facturación para cumplir con la resolución N°267/2024.
- Explicación de los ítems ajenos al servicio eléctrico que estarían siendo cobrados.
- Balance de recaudación de rubros extras, discriminado por departamento y periodo 2024.
- Detalles sobre posibles imputaciones por parte de las autoridades nacionales debido a incumplimientos de la normativa.
Monti enfatizó que muchas familias catamarqueñas se ven obligadas a pagar montos adicionales para mantener un servicio esencial como la electricidad. “Es fundamental garantizar la transparencia en la facturación y evitar que los usuarios sean perjudicados por cargos arbitrarios”, afirmó.
El legislador se mostró firme en su postura de defender los derechos de los consumidores y velar por la economía familiar, exigiendo respuestas en un plazo razonable para tomar medidas en caso de irregularidades.
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