El diputado Gustavo Aguirre (FdT) uno los miembros de la recientemente conformada Comisión Reformadora del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, brindó detalles de lo que se espera con este proceso, encargado por el poder Ejecutivo a través de un decreto.
“Va a ser el reflejo de una necesidad social que es buscar un procedimiento civil mucho más ágil, más rápido, más transparente”, sostuvo en diálogo con TVEO y contó que hubo consenso en realizar una reforma integral, que pase a un sistema basado mayormente en la oralidad.
“Hoy todo el procedimiento civil se hace por escrito, se piden oficios por escrito a los distintos organismos. La oralidad es un cambio muy radical en el sentido de que directamente la jueza o el juez convoquen a una audiencia, reciba a todas las partes, las escuche y avance con la etapa procesal siguiente, lo cual seguramente va a agilizar muchísimo el proceso”, aclaró.
Sin embargo, entiende que estos cambios “demandarán un montón de desafíos para todos los que participan en el proceso” y requerirá la capacitación de abogados.
En ese sentido, comentó que se realizó una primera reunión con presencia del Poder Judicial, de la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados, el Poder Ejecutivo y Legislativo, “representados la mayoría y la primera minoría y también algunos estudiosos, catedráticos y abogados experimentados en estos procesos de reforma de la provincia de Tucumán".
Además, Aguirre explicó que contemplarán “otros condimentos como la incorporación de nuevas tecnologías y su impacto dentro de un juicio o dentro de la vida real”, como por ejemplo la tergiversación de un documento o un video trucado con inteligencia artificial.
La aspiración es que se logre un código armónico y coherente que procurarán “aggiornar y adaptar a la realidad catamarqueña”, comentó. Asimismo, tomarán como base la experiencia de otras provincias en las que estas modificaciones están dando buenos resultados.
En cuanto al procedimiento que se debe seguir, Aguirre explicó que con la primera reunión sentaron las bases del trabajo y los primeros días de febrero empezaran con un calendario de actividades concretas y simultáneas para tener “pronto” un bosquejo. Después eso se cerrará y será remitió por el poder Ejecutivo como proyecto a la Legislatura.
“Internamente dentro de la Legislatura vamos a ver qué proceso le damos porque hay una bicameral y hay que ver cuál es su situación, si están con mandatos vencidos o no, o si entrará como un proyecto normal que va a las comisiones”, cerró.