Andrea Morales Leanza, abogada especialista en Derecho Indígena, asesora de la Unión Diaguita de Catamarca y miembro del Instituto Interdisciplinario puneño de la UNCA, habló sobre el impacto que tendría la derogación de la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena en las comunidades originarias catamarqueñas.
"A raíz de esto se van a originar nuevos conflictos territoriales. Si antes ya existían teniendo esta ley de Emergencia Territorial, hoy en día es volver a cero", sostuvo en diálogo con INFORAMA RADIO.
"Desde nuestra concepción, que veníamos analizándolo y lo veníamos venir, es muy peligroso. Atenta contra la democracia si se tienen en cuenta los considerandos de este DNU que vino a derogar la ley. Es una manifestación ideológica del derecho liberal y con el que el Gobierno Nacional busca priorizar en este caso la propiedad privada (...) y desconocer la preexistencia de los pueblos originarios y deslegitimar los reclamos territoriales", detalló.
La nueva normativa dispuesta mediante decreto, dejó sin efecto esta ley que relevaba "todos los territorios de las comunidades indígenas de la República Argentina, e iba acompañado con el objetivo de la creación de una ley de propiedad comunitaria". "Ninguno de los objetivos se pudo llevar a cabo", resaltó.
También aclaró que la ley 26160 no logró hacer esos relevamientos debido a "la naturaleza compleja del proceso antropológico que significa la reivindicación de los derechos por parte de estos pueblos originarios (...) y de 160 años de negación de esos derechos y de reconocer a los sujetos indígenas en su especificidad". "Esos considerandos son inconstitucionales porque niega derechos que la CN reconoció", agregó.
Sin embargo, Morales Leanza explicó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) "no tuvo una actuación en Catamarca", y que sólo hubo 3 comunidades relevadas. "Es un organismo nacional que no tuvo participación, no vino a la provincia, no pudieron acordar con el gobierno provincial", aseguró.
Al momento de crearse la ley, "había en Catamarca 3 comunidades indígenas autoproclamadas relevadas, posterior a eso no se relevó ni una", aclaró.
"Por ley el Gobierno provincial les reconoce la posesión ancestral de sus territorios y les reconocen también la personería jurídica que se les otorga con el INAI, hoy en día hablamos de alrededor de más de 50 comunidades indígenas autoproclamadas en toda la provincia", añadió la letrada.
A pesar de esto, cuando se desarrolló el último "Malón por el buen vivir comunitario", autoridades y comuneros y comuneras de las diferentes comunidades indígenas de la provincia, vinieron a la ciudad con una petición a la Legislatura para crear leyes que amparen los derechos constitucionales, es decir, ya reconocidos de los pueblos originarios de la provincia.
En aquella ocasión fueron recibidos por la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli y por algunas diputados. También se reunieron con el Ejecutivo provincial y pidieron al Poder Judicial actuar de oficio ante los considerandos y la "violencia étnica".
"Ahora es responsabilidad del Poder Legislativo de la provincia procurar un resguardo de los derechos de los pueblos originarios", enfatizó.
Finalmente, dijo que las comunidades originarias se reúnen una vez al mes en distintos puntos de la provincia, "vive un movimiento indígena fuerte y conocedora de sus derechos en Catamarca, y que están convencidos de peticionar al Poder Ejecutivo y Legislativo que se resguarden sus derechos y creo que ahora su papel se va a hacer notar en los próximos meses".
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